Un informe del constitucionalista Alfonso Santiago advierte sobre las demoras en la cobertura de puestos judiciales y plantea cambios en los concursos, la evaluación de magistrados y el funcionamiento de los tribunales. El objetivo es reducir los tiempos y fortalecer la transparencia del sistema.
El Poder Judicial de la Nación enfrenta un problema estructural: 266 cargos permanecen vacantes, mientras decenas de concursos avanzan por distintas instancias administrativas y políticas. Frente a este escenario, el constitucionalista Alfonso Santiago, de la Universidad Austral, presentó cuatro propuestas para mejorar la selección de magistrados, agilizar los procesos y fortalecer los mecanismos de control.
De acuerdo con los datos incluidos en el informe, 159 vacantes se encuentran todavía en el Consejo de la Magistratura, otras 77 llegaron al Poder Ejecutivo y 30 permanecen en el Senado.
Además, el Consejo tiene 75 concursos en trámite, cada uno de los cuales puede comprender uno o más cargos.
Para Santiago, las demoras en las designaciones y las dificultades para garantizar procedimientos transparentes afectan el funcionamiento de la Justicia y hacen necesarias reformas institucionales.
Concursos anticipados y reglas más claras
La primera propuesta apunta a modificar el sistema de selección de jueces.
El especialista destaca el proyecto de nuevo Reglamento de Concursos aprobado por la Corte Suprema mediante la Acordada 4/2026 y remitido al Consejo de la Magistratura para su tratamiento.
Entre sus principales modificaciones aparece la posibilidad de iniciar concursos anticipados, sin esperar a que se produzca una vacante.
También se propone incorporar un legajo digital y auditable para cada postulante, con el propósito de facilitar el seguimiento de las distintas etapas.
Otro aspecto central es reducir los márgenes de discrecionalidad en la evaluación. Según el proyecto, la entrevista personal podría representar como máximo 20 puntos sobre un total de 200, equivalente al 10% de la calificación.
La iniciativa contempla, además, evaluaciones técnicas en dos etapas, mecanismos para preservar el anonimato de los aspirantes y criterios objetivos para conformar las ternas.
Medir si las reformas realmente aceleran los juicios
El segundo planteo consiste en evaluar los resultados concretos de las modificaciones procesales implementadas durante los últimos años.
Santiago sostiene que no alcanza con aprobar nuevas normas destinadas a agilizar los expedientes: también es necesario determinar si efectivamente reducen la duración de los juicios.
Para ello propone comparar los tiempos de tramitación antes y después de cada reforma e identificar cuáles fueron las herramientas que produjeron mejoras verificables.
La intención es que las futuras decisiones sobre el funcionamiento judicial se apoyen en resultados y no exclusivamente en cambios legislativos.
Evaluaciones periódicas para los magistrados
La tercera propuesta aborda una cuestión que, según el constitucionalista, permanece pendiente: la evaluación del desempeño de los jueces una vez designados.
Actualmente existen mecanismos de selección, disciplina y remoción, pero Santiago considera necesario incorporar herramientas periódicas que permitan analizar la eficiencia y calidad de la gestión judicial.
El especialista observa que juzgados con recursos humanos, infraestructura y reglas similares pueden presentar resultados muy diferentes.
Medir esas diferencias permitiría identificar buenas prácticas y extenderlas a otros tribunales.
También plantea que los magistrados rindan cuentas sobre su desempeño ante sus superiores, los profesionales del derecho y la sociedad.
El Consejo de la Magistratura, en el centro del debate
La cuarta propuesta pone el foco en el funcionamiento institucional del Poder Judicial y en la necesidad de fortalecer una cultura de servicio a la ciudadanía.
Para Santiago, las reformas normativas deben acompañarse con cambios en las prácticas de quienes integran la Justicia y con un compromiso de sus autoridades.
En ese marco, considera que la próxima elección de representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura constituye una oportunidad para debatir la transparencia, la eficiencia y las prioridades del organismo.
El diagnóstico plantea un desafío que excede la cobertura de los cargos vacantes: construir un sistema judicial con procedimientos de selección más claros, tribunales capaces de resolver los conflictos en menos tiempo y mecanismos que permitan evaluar sus resultados.
Con 266 puestos todavía sin cubrir, la discusión sobre cómo mejorar el funcionamiento de la Justicia vuelve a ocupar un lugar central en la agenda institucional.
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