Estudiantes franceses protestaron por la falta de docentes, los recursos educativos y las condiciones de los establecimientos. Las movilizaciones se extendieron a distintas ciudades del país.
Más de 71.000 personas se movilizaron en distintas ciudades para reclamar mayor presupuesto educativo, más docentes y mejores condiciones de estudio. En París hubo enfrentamientos y más de 500 detenciones en todo el país. UNICEF pidió proteger el derecho de los jóvenes a manifestarse.
Francia vivió este jueves una nueva jornada de movilizaciones estudiantiles que reunió a unas 71.500 personas en todo el país, según cifras del Ministerio del Interior. Las protestas, respaldadas por sindicatos docentes, reclaman mayores recursos para la educación pública, mejores condiciones de enseñanza y medidas para enfrentar la falta de personal en escuelas y universidades.
Las manifestaciones tuvieron sus principales escenarios en París, Nantes y Marsella. Aunque buena parte de las concentraciones se desarrollaron de manera pacífica, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, especialmente en la capital francesa.
La policía informó más de 500 detenciones durante la jornada, mientras que organizaciones defensoras de los derechos humanos cuestionaron los procedimientos utilizados para dispersar algunas concentraciones.
Uno de los episodios más significativos se produjo en la plaza de la Bastilla, donde numerosos estudiantes se concentraron y algunos treparon al emblemático monumento mientras agitaban banderas francesas y entonaban el himno nacional.
Las fuerzas antidisturbios intervinieron para desalojar el lugar y se registraron enfrentamientos con los manifestantes.
La tensión también se trasladó a distintos establecimientos educativos. Durante la mañana, estudiantes bloquearon los accesos al liceo Hélène Boucher, en París, utilizando contenedores de residuos.
La policía desplegó efectivos en las calles cercanas y utilizó gases lacrimógenos para dispersar la concentración.
En algunos sectores se registraron daños en mobiliario urbano e incendios de paradas de colectivos, mientras que los operativos policiales incluyeron el uso de porras y dispositivos antidisturbios.
Las movilizaciones reflejan el creciente malestar de estudiantes y profesores por las condiciones en las que se desarrolla la actividad educativa.
En Marsella, unas 3.900 personas participaron de una marcha que, según las autoridades locales, transcurrió sin incidentes.
Entre los testimonios de la jornada se destacó el de Diane Di Sciullo, profesora de un instituto de esa ciudad, quien describió las dificultades que enfrenta diariamente para desarrollar sus clases.
“Este año tengo una clase de 37 alumnos. Al comienzo de cada clase, les pido que vayan a las aulas de al lado para ver si hay sillas y mesas para poder estudiar. A veces hay tres alumnos en una misma mesa”, relató.
En Nantes también se movilizaron estudiantes y docentes, aunque durante la protesta se produjeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Las organizaciones estudiantiles exigen un plan de emergencia educativa de 10.000 millones de euros para mejorar el funcionamiento del sistema público.
Entre sus demandas figuran:
En respuesta a los reclamos, el ministro de Educación francés, Édouard Geffray, anunció que el Gobierno enviará 3.000 docentes suplentes a establecimientos con dificultades.
Según explicó, los profesores comenzarían a incorporarse entre el viernes y el martes siguiente.
Ante los enfrentamientos registrados durante las movilizaciones, UNICEF Francia reclamó una desescalada de la violencia y pidió a las autoridades garantizar la protección de los menores de edad.
“Los jóvenes tienen derecho a ser escuchados, a participar en las decisiones que les afectan y a manifestarse pacíficamente”, expresó la organización.
El organismo recordó que el derecho de niños y adolescentes a participar en manifestaciones pacíficas está reconocido por la Convención sobre los Derechos del Niño.
Las protestas vuelven a colocar en el centro del debate francés el financiamiento de la educación pública, las condiciones laborales de los docentes y las dificultades de acceso a la enseñanza superior.
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