El juez federal Martín Cormick dispuso una sanción económica contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por la falta de cumplimiento de una orden judicial vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La multa podría aumentar si persiste el incumplimiento.
La Justicia federal dispuso este miércoles una multa diaria de 100.000 pesos contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante el incumplimiento de una medida cautelar relacionada con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución fue firmada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, en el marco de la causa impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reclama la actualización de los salarios docentes y no docentes, además de los recursos destinados a becas estudiantiles.
La decisión representa un nuevo capítulo en el conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas por el financiamiento del sistema de educación superior.
Una sanción que podría incrementarse
En su resolución, Cormick consideró acreditado el incumplimiento de la orden judicial y dispuso aplicar una multa coercitiva diaria, conocida jurídicamente como astreinte.
El magistrado estableció un monto inicial de $100.000 por día, aunque advirtió que tanto la cifra como los funcionarios alcanzados podrán modificarse si la situación continúa.
La sanción recae sobre el titular de la Jefatura de Gabinete por sus responsabilidades constitucionales en la administración general del país y sus competencias presupuestarias.
Las multas coercitivas tienen como finalidad exigir el cumplimiento de una decisión judicial y no constituyen, por sí mismas, una condena penal.
El Gobierno ya había sido intimado
El conflicto judicial se profundizó durante septiembre, cuando el juez intimó al Poder Ejecutivo a cumplir con la medida cautelar en un plazo de cinco días.
La orden fue dictada el 22 de septiembre y, ante la falta de acreditación del cumplimiento, el 30 de ese mes se formuló el apercibimiento que finalmente se hizo efectivo este miércoles 14 de octubre.
Según la resolución, el Gobierno no presentó constancias suficientes que permitieran considerar cumplida la obligación establecida por la Justicia.
La disputa por los fondos universitarios
El reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional se concentra en la aplicación de la legislación destinada a garantizar recursos para el funcionamiento de las universidades públicas.
Entre los puntos centrales se encuentran la recomposición de los salarios docentes y no docentes y el financiamiento de las becas estudiantiles.
La administración de Javier Milei apeló el fallo principal que declaró inconstitucional el Decreto 759/2025, vinculado con la aplicación de la ley.
Sin embargo, Cormick sostuvo que la medida cautelar continúa vigente y que su cumplimiento es obligatorio mientras no exista una decisión judicial que disponga lo contrario.
Un conflicto que sigue abierto
La resolución agrega presión judicial sobre el Poder Ejecutivo en medio de los reclamos de las universidades nacionales por la pérdida del poder adquisitivo de sus trabajadores y las dificultades presupuestarias.
El conflicto también alcanza a las instituciones públicas de educación superior de todo el país, incluida la Universidad Nacional de La Pampa, que forma parte del sistema universitario representado por el CIN.
Con la aplicación de la multa diaria, la Justicia busca que el Gobierno acredite el cumplimiento efectivo de la medida cautelar.
Si el incumplimiento persiste, el magistrado podrá revisar el monto de la sanción y extenderla a otros funcionarios responsables.
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