El Senado aprobó este jueves el proyecto que autoriza al Gobierno nacional a concretar un acuerdo de pago con dos fondos holdouts por un total de 171 millones de dólares. La iniciativa obtuvo 40 votos a favor y 22 en contra, y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados antes del 30 de junio, fecha límite establecida en el entendimiento alcanzado ante la Justicia de Estados Unidos.
El acuerdo contempla una reducción cercana al 30% sobre los montos reclamados y establece el pago de 67 millones de dólares a la firma Bainbridge Ltd. y de 104 millones al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP.
Se trata de los últimos holdouts con litigios activos derivados del default declarado por la Argentina a fines de 2001 y que no participaron de los canjes de deuda posteriores.
La iniciativa ya había sido incluida en el temario de la sesión del pasado 14 de mayo, pero debió regresar a comisión luego de que se introdujeran modificaciones técnicas de último momento en numerosos artículos, lo que generó cuestionamientos de la oposición.
Según el oficialismo, la aprobación legislativa permitirá cerrar dos de los principales litigios pendientes contra el país y dejar sin efecto medidas judiciales que afectaban activos argentinos en Estados Unidos, entre ellos acciones del Banco Nación y de Aerolíneas Argentinas.
El miembro informante del oficialismo, Agustín Monteverde, sostuvo que el acuerdo representa una oportunidad para mejorar la posición financiera del país.
“Attestor y Bainbridge se comprometen a no iniciar nuevas acciones legales ni interferir en futuras operaciones de financiamiento de la Argentina. Esto permite cerrar los principales litigios pendientes”, afirmó.
El senador también consideró que la medida contribuirá a la reinserción internacional del país y sostuvo que el monto involucrado representa una porción menor del total de la deuda pública.
Desde la oposición, el senador chaqueño Jorge Capitanich explicó los motivos del rechazo del bloque Justicialista. Entre sus cuestionamientos, señaló que este tipo de mecanismos “premian las conductas especulativas de los fondos buitre” y advirtió sobre la falta de información suficiente para evaluar la conveniencia del acuerdo.
Además, sostuvo que la quita acordada “no es verificable” y planteó que el entendimiento podría entrar en tensión con los principios para la reestructuración de deudas soberanas aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015.
Capitanich también remarcó que la documentación enviada al Congreso era incompleta y cuestionó la estrategia general del Gobierno para resolver los litigios pendientes.
Por su parte, la senadora libertaria Carmen Álvarez Rivero defendió la iniciativa al señalar que “sin seguridad jurídica no hay inversiones, crédito ni empleo de calidad”.
En la misma línea, el senador catamarqueño Guillermo Andrada respaldó el proyecto al considerar que representa un ahorro para el Estado y una señal de responsabilidad ante los mercados internacionales.
Durante el cierre del debate, el jefe del bloque Justicialista, José Mayans, ratificó el rechazo del peronismo y aseguró que su espacio no sería “cómplice del manejo de la deuda y del desastre económico” que, a su juicio, lleva adelante el Gobierno.
A su turno, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, sostuvo que la aprobación permitirá “cerrar una herida que tiene 25 años” y repasó el origen del conflicto en el default de 2001.
La legisladora cuestionó la idea de que durante los gobiernos kirchneristas se hubiera producido un verdadero desendeudamiento y aseguró que gran parte de los compromisos asumidos fueron reemplazados por nuevas emisiones de deuda.
Bullrich destacó además que el acuerdo contempla una quita de entre el 30% y el 35%, que los honorarios de los abogados serán afrontados por los acreedores y que se levantarán las medidas judiciales sobre activos estratégicos del país.
También subrayó que los fondos se comprometieron a no obstaculizar futuras emisiones de deuda argentina, algo que, según afirmó, contribuirá a mejorar la reputación financiera del país y a reducir el costo del financiamiento.
Los detalles del acuerdo
El entendimiento con los holdouts prevé que el pago se realice mediante el mecanismo internacional denominado Entrega contra Pago (DVP), por el cual la transferencia de fondos y la cancelación de los bonos se concretarán de manera simultánea.
Asimismo, los acreedores asumirán los costos legales derivados del litigio y aceptaron una cláusula de standstill que les impide iniciar nuevas demandas o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que la operación quede completamente finalizada.
La Justicia estadounidense había fijado inicialmente el 30 de abril como fecha límite para la aprobación legislativa, pero el Gobierno de Javier Milei obtuvo una prórroga hasta el 30 de junio para completar el proceso.
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