Diputados postergó la firma del dictamen ante los cuestionamientos de distintos bloques. La iniciativa incluye sanciones por la explotación de recursos en Malvinas, pero también propone cambios en el sistema de seguridad nacional que generan controversia.
El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por el presidente Javier Milei encontró resistencias en la Cámara de Diputados y el oficialismo debió postergar la firma del dictamen prevista para este miércoles.
La iniciativa, presentada por el mandatario hace más de un mes, contempla sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina. Sin embargo, buena parte de los cuestionamientos legislativos se concentra en otras disposiciones que modifican el funcionamiento del sistema de seguridad nacional.
Durante el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, representantes de distintos bloques expresaron reparos sobre el alcance de las facultades que el proyecto otorgaría al Poder Ejecutivo.
Cuestionamientos al Consejo de Seguridad y los protocolos militares
Entre los puntos más discutidos aparecen las atribuciones previstas para el Consejo de Seguridad, los protocolos para el derribo de aeronaves y el hundimiento de embarcaciones, y la falta de definiciones precisas sobre qué situaciones podrían considerarse amenazas externas o actividades terroristas.
Legisladores opositores advirtieron que una redacción demasiado amplia podría habilitar interpretaciones que afecten derechos y garantías constitucionales.
Ante las objeciones, el oficialismo aceptó retirar el artículo 111, que contemplaba sanciones vinculadas con la alteración de procesos electorales, la manipulación de la opinión pública mediante campañas de desinformación masiva y la colaboración con acciones extranjeras de sabotaje.
No obstante, esa modificación no fue suficiente para alcanzar un acuerdo que permitiera avanzar con el dictamen.
Fuertes críticas desde la oposición
La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade cuestionó el alcance del proyecto y sostuvo que su contenido apunta al “control social y político”.
Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman comparó la orientación de la iniciativa con las políticas de seguridad de la dictadura de Juan Carlos Onganía.
Por su parte, el socialista Esteban Paulón, integrante de Provincias Unidas, advirtió que las disposiciones propuestas podrían configurar una situación semejante a un “estado de sitio no legislado”.
Las críticas se concentraron en la posibilidad de que las nuevas herramientas de seguridad sean utilizadas en situaciones internas, más allá de los objetivos vinculados con la defensa frente a amenazas externas.
El oficialismo defiende el proyecto
Desde La Libertad Avanza insistieron en la necesidad de aprobar la iniciativa y vincularon su tratamiento con la defensa de los intereses argentinos en el Atlántico Sur.
La diputada Silvana Giudici pidió dejar de lado las diferencias políticas para respaldar las acciones del Gobierno ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar relacionadas con la explotación de recursos en Malvinas.
En la misma línea, Patricia Vásquez sostuvo que los legisladores deberían acompañar el dictamen para defender la soberanía nacional.
El oficialismo adelantó que no está dispuesto a introducir modificaciones sustanciales en el esquema de seguridad propuesto, aunque continuará las conversaciones para reunir los apoyos necesarios.
Sin fecha definida para el dictamen
La demora no altera por el momento el calendario de la próxima sesión especial solicitada por el oficialismo para el 21 de octubre, ya que el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional no fue incluido en esa convocatoria.
La discusión deja planteada una diferencia central entre los bloques: mientras existe un debate sobre las herramientas para proteger los recursos argentinos en Malvinas, las mayores controversias se relacionan con el alcance de las nuevas atribuciones estatales en materia de seguridad.
Por ahora, el proyecto continúa en comisión, sin dictamen firmado ni fecha confirmada para su tratamiento en el recinto.
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