El Gobierno unificó las tarifas del transporte de gas y eliminó un régimen de excepción vigente desde 2002

El Gobierno nacional modificó el esquema tarifario del transporte de gas natural al eliminar un régimen de excepción que regía desde la crisis de 2002 y establecer un sistema de precios unificado para la infraestructura gasífera.

La medida fue oficializada mediante el DNU 580/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, en el marco de la emergencia energética y en momentos en que la fuerte demanda por las bajas temperaturas obliga a restringir el suministro de gas a industrias y estaciones de GNC.

Fin de un esquema excepcional

La norma deroga el Decreto 689/2002, que permitía mantener en moneda extranjera las tarifas del transporte de gas destinadas a la exportación y determinados contratos de compraventa, exceptuándolos del proceso de pesificación implementado tras la crisis económica.

Según el Gobierno, ese tratamiento diferencial respondió a una situación excepcional que ya no existe y hoy genera «distorsiones» en el sistema tarifario.

El Ejecutivo sostuvo que toda la infraestructura de transporte se encuentra en territorio argentino y, por lo tanto, debe remunerarse bajo criterios homogéneos para todos los usuarios del sistema.

Cambios en el Gasoducto Perito Moreno

Uno de los principales cambios alcanza al Gasoducto Perito Moreno (GPM). Una vez finalizadas las obras de ampliación entre Tratayén (Neuquén) y Salliqueló (Buenos Aires), todos los cargadores abonarán una tarifa única.

Ese valor surgirá de un promedio ponderado entre:

• La tarifa correspondiente a la capacidad actualmente contratada.
• El precio de la nueva capacidad que resulte de la licitación pública para la ampliación del gasoducto, impulsada por Transportadora de Gas del Sur (TGS).

Para evitar incrementos bruscos, el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) podrá aplicar un esquema gradual hasta alcanzar el precio unificado.

Mayor previsibilidad

Desde el Gobierno señalaron que la reforma forma parte del proceso de reorganización del mercado gasífero iniciado el 1 de mayo y busca brindar mayor previsibilidad a las relaciones contractuales, además de reducir distorsiones tarifarias y facilitar las inversiones en infraestructura energética.