El Decreto 875/2026 estableció cómo se implementará la Ley 27.801, que alcanza a adolescentes de entre 14 y 17 años imputados por delitos. El Ministerio de Justicia será la autoridad de aplicación y se crearán organismos de coordinación entre Nación y las provincias.
El Gobierno nacional reglamentó este lunes el Régimen Penal Juvenil establecido por la Ley 27.801, que será aplicable a adolescentes desde los 14 años y hasta antes de cumplir los 18 cuando sean imputados por hechos tipificados como delitos.
La reglamentación quedó establecida mediante el Decreto 875/2026, publicado en el Boletín Oficial, que designa al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación para el ámbito nacional y federal.
La nueva normativa establece además mecanismos para el seguimiento de los adolescentes alcanzados por el régimen, la asistencia a las víctimas y la coordinación entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde los 14 años
La Ley 27.801 había sido sancionada el 27 de febrero y publicada el 9 de marzo. La norma dispuso su entrada en vigencia 180 días después de su publicación, mientras que el decreto establece que la reglamentación comenzará a regir conjuntamente con la ley.
De acuerdo con el texto, el régimen tiene como finalidad fomentar en los adolescentes imputados “el sentido de la responsabilidad legal por sus actos” y procurar su educación, resocialización e integración social.
La aplicación comprende a quienes tengan 14, 15, 16 o 17 años al momento de quedar alcanzados por el régimen, hasta las cero horas del día en que cumplan 18.
Crean un comité interministerial
La reglamentación dispone la creación del Comité de Justicia Interministerial del Régimen Penal Juvenil, que funcionará de manera permanente dentro del Ministerio de Justicia.
Estará integrado por representantes de Justicia, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud.
Entre sus funciones se encuentran coordinar la intervención de las distintas áreas del Gobierno, establecer lineamientos comunes para la prevención, abordaje y reinserción de los adolescentes, promover el intercambio de información estadística y técnica y formular recomendaciones a la autoridad de aplicación.
También deberá articular aspectos administrativos y operativos vinculados con la ejecución de las penas previstas en la nueva legislación.
Coordinación con las provincias
Otro de los puntos centrales es la creación de la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, concebida como un espacio permanente de coordinación entre Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
Su objetivo será armonizar criterios técnicos y procesales, intercambiar experiencias sobre la aplicación del nuevo régimen y facilitar acuerdos de colaboración entre las distintas jurisdicciones.
La Mesa estará coordinada por un representante de la autoridad nacional y podrá contar además con integrantes designados por la Corte Suprema, la Procuración General y la Defensoría General de la Nación.
Con la reglamentación, el Gobierno completa una de las etapas necesarias para la puesta en marcha de una reforma de alcance nacional que reduce a 14 años la edad desde la cual un adolescente puede quedar comprendido por el sistema penal juvenil, uno de los aspectos que concentró buena parte del debate político y jurídico durante el tratamiento de la ley.
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