El oficialismo busca acuerdos con bloques dialoguistas para impedir que la oposición avance con el rechazo del decreto de desregulación económica. Las negociaciones también incluyen el Presupuesto 2027, el financiamiento universitario, discapacidad y un controvertido proyecto sobre soberanía nacional.
El Gobierno de Javier Milei abrió una negociación en varios frentes dentro de la Cámara de Diputados para preservar la vigencia del DNU 70/2023, una de las principales herramientas de su programa de desregulación económica.
La estrategia oficialista apunta a impedir que prospere la sesión solicitada por la oposición para el jueves 15 de octubre, en la que se buscará rechazar el decreto. Para conseguirlo, La Libertad Avanza intenta alcanzar acuerdos con los bloques dialoguistas y ofrece modificaciones en proyectos legislativos que generan diferencias dentro del Congreso.
Uno de los principales puntos de negociación es la Ley de Tierras, cuya derogación fue incluida en el DNU 70. El oficialismo evalúa incorporar restricciones a la compraventa de tierras rurales en el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado.
La propuesta permitiría abordar uno de los reclamos de los sectores opositores sin poner en discusión la totalidad del decreto. Sin embargo, todavía no existe una decisión definitiva.
La Ley de Tierras, en el centro de la disputa
La posibilidad de recuperar las restricciones a la adquisición de tierras rurales fue uno de los temas centrales de una reunión realizada este miércoles en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados.
Del encuentro participaron representantes de bloques dialoguistas y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
Los legisladores solicitaron precisiones sobre la posición del Gobierno respecto de la Ley de Tierras, aunque no obtuvieron una respuesta concluyente.
El tema resulta especialmente sensible porque el rechazo del DNU 70 no afectaría únicamente las disposiciones vinculadas con la propiedad rural, sino también al conjunto de las reformas introducidas por el decreto.
El Senado ya rechazó el DNU en marzo de 2024. Por eso, una eventual decisión de Diputados en el mismo sentido podría determinar su derogación integral.
Desde Unión por la Patria sostienen que buscarán avanzar con la sesión, aunque reconocen dificultades para reunir el quórum necesario.
La oposición pretende, además, que cada bloque explicite públicamente su posición frente al decreto y las modificaciones que introdujo en distintas áreas de la economía.
Presupuesto 2027: universidades, discapacidad y obra pública
Las conversaciones entre el oficialismo y los sectores dialoguistas también incluyen el proyecto de Presupuesto 2027.
Durante el encuentro se confirmó que el martes 13 de octubre comenzará su tratamiento legislativo.
Entre los principales reclamos aparecen modificaciones en las partidas destinadas a universidades nacionales, políticas de discapacidad y obras públicas.
El Gobierno busca avanzar con un cronograma de discusión que le permita alcanzar acuerdos parlamentarios y obtener dictamen antes de la visita prevista del papa León XIV.
En paralelo, el oficialismo se comprometió a impulsar una sesión el 21 de octubre con un temario que podría incluir iniciativas relacionadas con discapacidad y sobreendeudamiento familiar.
Cuestionamientos al proyecto de soberanía nacional
Otro punto de conflicto es el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, particularmente su artículo 111.
La disposición contempla penas de prisión para quienes, actuando por cuenta o con financiamiento de entidades extranjeras, desarrollen determinadas acciones destinadas a alterar procesos electorales, manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación o promover hechos de violencia y desestabilización institucional.
Los bloques opositores y dialoguistas reclaman eliminar ese artículo por considerar que su redacción podría afectar el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.
También plantean objeciones a la concentración de atribuciones en el Poder Ejecutivo a través del Consejo de Seguridad Nacional, a los protocolos sobre derribo de aeronaves y hundimiento de buques, y a la falta de definiciones precisas sobre determinadas amenazas a la seguridad.
Los cuestionamientos apuntan a que conceptos amplios puedan dar lugar a interpretaciones que afecten derechos y libertades.
Una semana decisiva en Diputados
Con la sesión opositora prevista para el 15 de octubre, el oficialismo dispone de pocos días para consolidar acuerdos y evitar que el DNU 70 vuelva a quedar sometido a una votación que comprometa su continuidad.
Mientras tanto, la oposición mantiene la convocatoria y sigue de cerca las negociaciones con los bloques intermedios.
La discusión sobre la Ley de Tierras se convirtió así en una pieza central de una negociación más amplia, en la que también están en juego el presupuesto nacional, el financiamiento de políticas públicas y el alcance de nuevas atribuciones del Estado en materia de seguridad.
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