El régimen estará abierto del 1° al 30 de noviembre y contempla compensaciones económicas de hasta 25 sueldos, según la edad y la antigüedad de cada trabajador. La medida alcanza al personal de planta permanente y a empleados con contratos por tiempo indeterminado de la Administración Pública Nacional centralizada.
El Gobierno nacional aprobó un nuevo régimen de retiro voluntario para empleados públicos, como parte de su política de reorganización y reducción de la estructura estatal.
La medida fue oficializada este lunes mediante el Decreto 1203/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El período de inscripción comenzará el 1° de noviembre y finalizará el 30 de noviembre de 2026, aunque la autoridad de aplicación podrá disponer una única prórroga de hasta 30 días corridos.
El régimen está dirigido a trabajadores de planta permanente comprendidos en la Ley 25.164 y a empleados vinculados mediante contratos por tiempo indeterminado, pertenecientes a organismos de la Administración Pública Nacional centralizada.
El decreto establece tres grupos de trabajadores, con diferentes modalidades de compensación según su edad, antigüedad y situación previsional.
Trabajadores próximos a jubilarse, pero sin aportes suficientes. Comprende a mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 que todavía no reúnen los aportes necesarios para acceder a la jubilación ordinaria.
Podrán optar entre cobrar mensualmente el 60% de su remuneración bruta habitual durante un máximo de 36 meses, con mantenimiento de los aportes previsionales y de obra social, o recibir una gratificación única equivalente a un sueldo bruto por año de antigüedad, con un límite de 18 remuneraciones y otras restricciones vinculadas al tiempo restante para jubilarse.
Trabajadores próximos a jubilarse con 30 años de aportes. Incluye a mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64 años que acrediten al menos tres décadas de aportes.
En estos casos, recibirán una compensación de un sueldo bruto por año de antigüedad, hasta un máximo de 18 remuneraciones, más una suma adicional equivalente a cinco sueldos brutos. También se aplica un límite relacionado con el tiempo restante para cumplir los requisitos jubilatorios.
Trabajadores de menor edad. El tercer grupo comprende a mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62 años.
La gratificación será equivalente a un sueldo bruto por cada año de antigüedad o fracción superior a tres meses, con un máximo de 20 remuneraciones.
A esa suma se agregarán cuatro sueldos para quienes tengan menos de 15 años de antigüedad en planta permanente y cinco para quienes acrediten 15 años o más.
De esta manera, la compensación prevista para este último grupo puede alcanzar un máximo de 25 remuneraciones brutas.
El régimen establece una serie de restricciones para acceder al retiro voluntario.
No podrán adherirse los empleados procesados por delitos contra la Administración Pública Nacional, salvo que exista una absolución firme antes del cierre de la inscripción.
Tampoco podrán hacerlo quienes tengan sumarios administrativos o procedimientos disciplinarios pendientes por hechos que puedan derivar en cesantía o exoneración.
La exclusión también alcanza a quienes hayan iniciado acciones administrativas o judiciales contra el Estado por cuestiones vinculadas con su relación laboral, salvo que desistan formalmente de esos reclamos. Se exceptúan determinadas acciones relacionadas con riesgos del trabajo.
Asimismo, quedan fuera los trabajadores que ya hayan iniciado trámites jubilatorios, quienes cumplan los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria, aquellos que hayan presentado su renuncia y todavía no tengan aceptación formal, y el personal en situación de disponibilidad.
Uno de los puntos centrales del decreto establece que los organismos alcanzados deberán eliminar los cargos presupuestarios correspondientes a los trabajadores que acepten el retiro voluntario.
La supresión se hará efectiva desde la fecha en que finalice la relación laboral, por lo que esas vacantes no permanecerán disponibles dentro de la estructura presupuestaria.
La autoridad de aplicación será la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
El organismo tendrá a su cargo las normas complementarias y los procedimientos necesarios para implementar el régimen.
Con esta decisión, el Ejecutivo abre una nueva instancia de reducción voluntaria de personal en la administración nacional, mediante un esquema de indemnizaciones diferenciadas que comenzará a aplicarse durante noviembre.
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