El oficialismo en el Senado comenzará a debatir en las próximas semanas un proyecto impulsado por el Ministerio de Salud que apunta a revisar el sistema de pensiones no contributivas por invalidez laboral, con el objetivo declarado de detectar irregularidades y ordenar el padrón de beneficiarios.
La iniciativa propone un reempadronamiento obligatorio de todos los titulares en un plazo de 90 días hábiles, con la posibilidad de una prórroga adicional de 30 días. Durante ese período, los beneficiarios deberán actualizar su información médica y socioeconómica; de no hacerlo, se prevé la suspensión automática del pago hasta regularizar la situación.
Desde el oficialismo, alineado con el gobierno de Javier Milei, sostienen que la medida busca corregir distorsiones en el sistema. Argumentan que entre 2003 y 2023 la cantidad de pensiones se multiplicó de forma exponencial, pasando de unos 76 mil beneficiarios a cerca de 1,2 millones, lo que —según los fundamentos del proyecto— evidencia posibles irregularidades en la asignación.
En ese sentido, el texto endurece los requisitos de acceso: se exigirá que la invalidez sea total y permanente, además de reforzar las condiciones de vulnerabilidad económica. También se establece la incompatibilidad entre percibir la pensión y contar con empleo formal, ya sea en relación de dependencia, como monotributista o autónomo.
Si bien el monto de la prestación se mantendría en el equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, el ahorro fiscal previsto por el Gobierno se apoyaría en una reducción significativa del número de beneficiarios tras la auditoría.
Sin embargo, el proyecto no se limita a la revisión del padrón. También introduce cambios en el esquema de prestaciones para personas con discapacidad, un punto que genera preocupación en sectores de la oposición. Desde Unión por la Patria advierten que la iniciativa podría derivar en una desregulación de los aranceles que rigen las prestaciones.
Actualmente, la Superintendencia de Servicios de Salud fija valores de referencia obligatorios para las prestaciones, lo que impide que obras sociales y empresas de medicina prepaga establezcan precios de manera discrecional. Con la reforma, ese esquema podría flexibilizarse, habilitando negociaciones individuales entre financiadores y prestadores.
Según voces críticas, este cambio podría traducirse en un congelamiento o reducción de aranceles, con impacto directo en la calidad y continuidad de los servicios, en un contexto donde el sector de discapacidad ya atravesó conflictos recientes por demoras y desactualización de pagos.
En el Senado, donde el oficialismo cuenta con una mayoría favorable, el proyecto tendría los votos necesarios para avanzar, aunque algunos sectores aliados plantearon reparos sobre el alcance de la reforma. En ese marco, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, aseguró que el tratamiento se dará con tiempos “razonables” y sin apurar el debate.
La discusión promete abrir un nuevo frente político y social, con foco en el equilibrio entre el control del gasto público y la garantía de derechos para las personas con discapacidad.
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