El Gobierno nacional inició el proceso de renegociación de convenios colectivos en distintos organismos del Estado, una medida que fue rechazada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que denunció que la iniciativa busca recortar derechos laborales y salariales.
El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, confirmó que ATE participará de las audiencias convocadas por el Ejecutivo, aunque adelantó que rechazará cualquier modificación que implique cambios en las actuales condiciones laborales.
«Mediante intimidación o violencia pretenden obligarnos a que firmemos la quita de nuestros derechos», sostuvo el dirigente.
Aguiar aseguró que el sindicato está dispuesto a discutir los convenios colectivos, pero consideró que la negociación debe desarrollarse «de manera libre y voluntaria» y no bajo presión del Estado.
«Nos quieren obligar a discutir para profundizar sus políticas antisindicales y de destrucción de derechos», afirmó.
El dirigente también cuestionó el rol de la Secretaría de Trabajo al sostener que dejó de actuar como mediadora en los conflictos laborales para convertirse en «un brazo ejecutor del ajuste» impulsado por el Gobierno nacional.
Según explicó, algunos convenios contemplan bonos y adicionales salariales que podrían dejar de percibirse mientras dure la renegociación, por lo que advirtió que el proceso podría derivar en una reducción de los ingresos de los trabajadores estatales.
«No se puede aceptar que esta renegociación se transforme en un instrumento para aplicar una brutal rebaja salarial sobre ingresos que permanecen congelados desde diciembre de 2023», señaló.
La convocatoria alcanza a distintos organismos nacionales, entre ellos PAMI, ANSES y ACUMAR, luego de que el Ministerio de Capital Humano enviara las notificaciones correspondientes para iniciar el proceso de revisión de los convenios colectivos.
Desde ATE insistieron en que la medida forma parte de una política orientada a modificar las condiciones laborales en el sector público y reiteraron su rechazo a cualquier intento de reducir derechos adquiridos.
«La única manera de entender esta renegociación es como parte de una política antisindical y de destrucción de los derechos sociales. No tenemos que aceptarla», concluyó Aguiar.
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