La Libertad Avanza convocó a un plenario de comisiones para el 14 de octubre, un día antes de la sesión impulsada por la oposición. El oficialismo está dispuesto a restablecer restricciones a la compra de tierras por extranjeros para evitar que sectores dialoguistas acompañen el tratamiento del decreto de desregulación económica.
El Gobierno de Javier Milei puso en marcha una estrategia parlamentaria para impedir que la oposición consiga el quórum necesario en la sesión especial convocada para el próximo 15 de octubre en la Cámara de Diputados, donde se buscará avanzar contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.
La principal novedad es un cambio de posición respecto de la Ley de Tierras. Después de haber impulsado su derogación, el oficialismo ahora se muestra dispuesto a restablecer algunas restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
El objetivo político es quitarle uno de sus principales argumentos a los legisladores de bloques dialoguistas que evalúan participar de la sesión opositora para defender los límites a la extranjerización del territorio.
Una reunión clave antes de la sesión
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por los diputados libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, fueron convocadas para el miércoles 14 de octubre a las 16.
El encuentro tendrá como eje la posibilidad de incorporar disposiciones de la Ley de Tierras al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción en el Senado hace dos meses.
Según trascendió desde La Libertad Avanza, el oficialismo aceptaría restituir límites porcentuales a la propiedad extranjera de tierras rurales, aunque mantendría su rechazo al máximo de 1.000 hectáreas previsto por la legislación original para determinadas zonas productivas.
La propuesta representa un cambio significativo respecto de la posición que el Gobierno sostuvo desde el inicio de su gestión, cuando incluyó la derogación de la Ley de Tierras dentro del DNU 70/23.
El fallo de la Corte que reabrió el conflicto
La controversia volvió al centro de la agenda política después de que la Corte Suprema dejara sin efecto, el 29 de septiembre, una medida cautelar que había impedido aplicar la derogación de la Ley de Tierras.
El máximo tribunal consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), impulsor de la presentación judicial, no contaba con legitimación procesal suficiente para sostener la demanda.
La decisión generó cuestionamientos de organizaciones sociales y sectores políticos que defienden las restricciones a la compra de tierras por extranjeros.
Posteriormente se presentó un nuevo pedido cautelar, impulsado por la Asociación Civil Árbol de Pie, comunidades mapuches y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda.
Una eventual resolución judicial que restablezca las restricciones podría modificar el escenario parlamentario antes de la sesión del 15 de octubre.
La oposición busca reunir el quórum
Mientras el oficialismo negocia con bloques aliados y sectores dialoguistas, la oposición intenta reunir los 129 diputados necesarios para habilitar la sesión.
El temario incluye el tratamiento del DNU 70/23 y proyectos vinculados con discapacidad y alivio al sobreendeudamiento familiar.
Entre las novedades de las últimas horas se encuentra la confirmación de que los tres diputados de Elijo Catamarca —Sebastián Nóblega, Fernando Monguillot y Fernanda Ávila— participarán de la convocatoria.
También se registran señales favorables al quórum dentro de Provincias Unidas, donde Juan Brügge y Carlos Gutiérrez anticiparon su presencia.
Otros legisladores del espacio, entre ellos Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres, aparecen entre quienes podrían sumarse.
La posición de la presidenta del bloque, Gisela Scaglia, todavía no está definida.
En Argentina Federal, los diputados misioneros confirmaron su intención de participar, mientras que también podrían incorporarse Gerardo González, de Formosa, y Bernardo Biella, de Salta.
De acuerdo con los cálculos que circulan entre los bloques opositores, existiría una base de más de 120 legisladores dispuestos a asistir, aunque todavía faltan voluntades para alcanzar el quórum.
El DNU 70/23, en el centro de la disputa
El decreto de desregulación económica constituye una de las principales herramientas normativas de la administración de Javier Milei.
Por ese motivo, el oficialismo busca evitar que la Cámara de Diputados avance en una votación que pueda comprometer su continuidad.
Desde La Libertad Avanza sostienen que la discusión sobre la Ley de Tierras puede resolverse mediante el tratamiento legislativo del proyecto de propiedad privada, sin necesidad de habilitar la sesión especial convocada por la oposición.
El resultado dependerá de las negociaciones con los bloques provinciales y dialoguistas, así como de las decisiones que puedan producirse en el ámbito judicial.
Con la reunión de comisiones prevista para el 14 de octubre y la sesión opositora convocada para el día siguiente, la disputa por la Ley de Tierras se convirtió en una pieza central de la discusión parlamentaria sobre el futuro del DNU 70/23.
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