El oficialismo intentará conseguir este miércoles un dictamen para modificar el régimen de propiedad privada. La propuesta mantendría el límite del 15% a la extranjerización de tierras rurales, pero eliminaría restricciones sobre la extensión de los campos. También introduce cambios en expropiaciones, desalojos y regularización dominial.
El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará avanzar este miércoles 14 de octubre con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que ya obtuvo media sanción del Senado y que podría incorporar modificaciones a la Ley de Tierras Rurales.
La Libertad Avanza y sus aliados intentarán firmar dictamen durante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, convocado para las 16.
Según trascendió, la estrategia oficialista consiste en mantener algunas restricciones a la compra de tierras por extranjeros, aunque con una flexibilización significativa respecto de la legislación vigente.
Qué cambiaría en la Ley de Tierras
La propuesta conservaría el límite del 15% de propiedad extranjera sobre las tierras rurales, tanto a escala nacional como provincial y departamental.
Sin embargo, eliminaría el tope de 1.000 hectáreas establecido para determinadas zonas productivas del país.
De esta manera, el Gobierno buscaría facilitar las operaciones de compraventa de grandes extensiones rurales sin avanzar en una derogación completa de la Ley 26.737, sancionada en 2011.
El cambio de estrategia responde también a las dificultades parlamentarias que enfrenta el oficialismo.
Durante el tratamiento en el Senado, el Gobierno debió retirar los capítulos que proponían eliminar la Ley de Tierras, la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Integración Sociourbana.
Ahora intenta recuperar parte de esas modificaciones mediante una propuesta más limitada, mientras continúa la disputa judicial por la derogación de la normativa rural incluida en el DNU 70/2023.
Nuevas reglas para los desalojos
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la modificación de los procedimientos judiciales para recuperar inmuebles ocupados.
La iniciativa contempla que, ante determinadas ocupaciones, un juez pueda ordenar la restitución inmediata del inmueble cuando considere verosímil el derecho invocado por el propietario y se cumplan las condiciones previstas.
También establece la posibilidad de intimar la devolución dentro de un plazo de 72 horas, siempre que el reclamante presente documentación que acredite su titularidad.
En los casos de alquileres con deudas, el inquilino deberá contar con un plazo mínimo de diez días para regularizar los pagos después de recibir la intimación correspondiente.
Si el incumplimiento continúa, el propietario podrá iniciar el proceso judicial de desalojo mediante el procedimiento más breve previsto por la legislación.
El texto también contempla la intervención de la fuerza pública para ejecutar resoluciones judiciales.
Cuando existan menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, se prevé un protocolo de vulnerabilidad que establece un plazo máximo de diez días para procurar una alternativa habitacional transitoria.
Cambios en las expropiaciones
La iniciativa también modifica las condiciones bajo las cuales el Estado puede expropiar bienes por razones de utilidad pública.
El proyecto establece que esas declaraciones deberán interpretarse de manera restrictiva y contar con una fundamentación expresa.
Respecto de las indemnizaciones, propone calcularlas sobre el valor objetivo del bien, sin considerar valores afectivos ni ganancias hipotéticas.
También contempla una compensación por lucro cesante debidamente acreditado, con un límite del 30%.
En materia de intereses, el texto establece un mecanismo de actualización vinculado al Índice de Precios al Consumidor del INDEC y a una tasa del Banco Nación.
Regularización de viviendas familiares
Otro capítulo propone modificar la denominada Ley Pierri, destinada a facilitar la regularización dominial de viviendas.
La reforma permitiría acceder a la escrituración a familias que acrediten una posesión pacífica, pública y continua durante diez años, siempre que se trate de una vivienda única y permanente y se cumplan los requisitos legales.
El proyecto también contempla ocupaciones temporarias excepcionales de inmuebles por necesidades públicas graves, como emergencias sanitarias, conflictos armados o desastres naturales, por un plazo inicial de hasta 90 días, prorrogable.
Una discusión que llegará al recinto
El oficialismo incluyó el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el temario de la sesión prevista para el 21 de octubre, junto con otras iniciativas vinculadas con discapacidad y sobreendeudamiento familiar.
La discusión sobre las tierras rurales aparece como uno de los puntos de mayor controversia, debido a sus implicancias sobre la concentración de la propiedad, la inversión extranjera y la regulación estatal del territorio.
Por el momento, las modificaciones forman parte de una propuesta legislativa y no constituyen cambios vigentes en la legislación. Su alcance definitivo dependerá del dictamen que se acuerde en comisiones y del posterior tratamiento parlamentario.
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