El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción por 60 días en diez provincias y tres cantones del país ante la «grave conmoción interna» provocada por el recrudecimiento de la violencia vinculada al crimen organizado.
La medida fue oficializada mediante un decreto ejecutivo que suspende los derechos a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia en las provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Azuay, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.
El estado de excepción también alcanza a los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y La Troncal (Cañar).
Según explicó el Gobierno, el decreto permitirá a las fuerzas de seguridad realizar allanamientos inmediatos cuando existan indicios de que en un inmueble se oculten integrantes de grupos armados organizados o de organizaciones delictivas, así como armas, explosivos, municiones o sustancias sujetas a fiscalización.
La disposición también habilita la identificación, el análisis y la recopilación de información considerada necesaria para prevenir o neutralizar amenazas contra la seguridad.
Además, autoriza la requisición temporal de bienes y servicios de origen ilícito cuando resulten indispensables para garantizar la continuidad de los operativos de las Fuerzas Armadas y la Policía.
De acuerdo con el decreto presidencial, entre el 1 y el 12 de junio se registró un marcado incremento de ataques armados y otros hechos delictivos atribuidos a organizaciones criminales, lo que generó una fuerte alarma social.
El Gobierno señaló que delitos como asesinatos, homicidios, secuestros extorsivos, robos y narcotráfico continúan alterando el orden público y afectando el desarrollo normal de las actividades económicas, por lo que consideró necesaria la intervención excepcional de las Fuerzas Armadas para reducir la violencia y restablecer la seguridad.
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