La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el proyecto con dictamen de mayoría demandaría recursos adicionales equivalentes al 0,04% del PBI en 2027 y al 0,07% en 2028. El informe se conoce en medio de las negociaciones legislativas y del debate sobre el impacto de las políticas de discapacidad en las cuentas públicas.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó que el proyecto de ley sobre discapacidad que obtuvo dictamen de mayoría tendría un costo fiscal adicional de 598.912 millones de pesos en 2027 y de 1,2 billones de pesos en 2028.
En términos del Producto Bruto Interno (PBI), esas cifras representan el 0,04% y el 0,07%, respectivamente, según el informe elaborado por el organismo técnico del Congreso.
Los datos adquieren relevancia en medio de la discusión parlamentaria sobre el financiamiento de las políticas de discapacidad y la intención del Gobierno nacional de preservar el superávit fiscal.
El oficialismo busca reunir apoyos para evitar que prospere la sesión prevista para el 15 de octubre, en la que también se pretende avanzar contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
El estudio de la OPC contempla dos escenarios para estimar el impacto presupuestario de la iniciativa.
El primero considera una incorporación gradual de nuevos beneficiarios durante 2027, mientras que el segundo proyecta un año completo de prestaciones para todas las personas incorporadas.
De acuerdo con ese cálculo, el costo adicional sería:
La estimación para 2027 representa un incremento del 6,1% respecto del gasto total en pensiones no contributivas previsto en el proyecto de Presupuesto de ese año.
Para determinar el universo de potenciales beneficiarios, la OPC consideró a personas de entre 18 y 64 años con Certificado Único de Discapacidad vigente que actualmente no perciben una pensión por invalidez laboral y cuyos ingresos se encuentran dentro del límite de dos salarios mínimos.
El organismo aclaró que el informe calcula exclusivamente los gastos adicionales que generaría la aprobación del proyecto.
Por ese motivo, no incluye los recursos que el Estado nacional ya destina al pago de las pensiones no contributivas por invalidez laboral.
Actualmente, según los datos utilizados por la OPC, existen 1.141.486 titulares de esas prestaciones.
Como esos pagos ya forman parte del gasto corriente, su continuidad no representa una nueva obligación presupuestaria derivada de la iniciativa legislativa.
Esta distinción resulta central para interpretar el informe: las cifras estimadas corresponden al incremento del gasto y no al costo total del sistema de pensiones.
El estudio también analiza el posible impacto sobre el programa federal Incluir Salud, que brinda cobertura sanitaria a titulares de pensiones no contributivas.
La OPC estima que alrededor de 76.000 nuevos beneficiarios podrían necesitar incorporarse al programa.
Sin embargo, no asignó un monto específico a esa eventual ampliación debido a las diferencias en la utilización de servicios médicos y a la superposición existente con los sistemas públicos provinciales de salud.
El informe señala que, en determinados casos, la incorporación al programa nacional podría representar principalmente un cambio en el origen del financiamiento.
Esto significa que parte de las prestaciones actualmente sostenidas por provincias y otros niveles de gobierno pasarían a ser financiadas por el Estado nacional.
Otro punto abordado es la compensación económica destinada a prestadores de servicios para personas con discapacidad, vinculada con la diferencia entre la evolución de los aranceles y la inflación registrada entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024.
La OPC recordó que esa obligación ya se encuentra establecida en el marco normativo vigente y que, por lo tanto, el dictamen de mayoría no crea un gasto adicional por ese concepto.
El organismo había estimado previamente un valor de referencia de 278.323 millones de pesos.
No obstante, aclaró que el monto definitivo dependerá de las acreencias que sean verificadas mediante el procedimiento establecido por el Decreto 84/2026.
El informe también identifica partidas previstas en el proyecto de Presupuesto 2027 que podrían utilizarse para afrontar las obligaciones derivadas de la iniciativa.
En materia previsional, se contempla una reserva de 3,66 billones de pesos, equivalente al 0,26% del PBI, para atender mayores erogaciones en jubilaciones y pensiones.
Según la OPC, el escenario de incorporación gradual de nuevos beneficiarios absorbería el 16,4% de esa reserva.
Además, el proyecto presupuestario incluye una previsión de 1,32 billones de pesos, equivalente al 0,09% del PBI, para transferencias del área de salud.
La existencia de estas partidas no implica que su utilización esté automáticamente garantizada, pero constituye un elemento relevante para la discusión sobre el financiamiento de la propuesta.
La estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso aporta una referencia técnica a una discusión que combina necesidades sociales, obligaciones estatales y restricciones fiscales.
Mientras el Gobierno sostiene como prioridad el equilibrio de las cuentas públicas, el proyecto busca ampliar el acceso a prestaciones y dar respuesta a demandas del sector de discapacidad.
El informe establece que el costo incremental estimado alcanzaría un máximo del 0,07% del PBI anual en el escenario de 2028, aunque deja sin cuantificar algunos efectos vinculados con la cobertura sanitaria.
Con estos datos sobre la mesa, el Congreso deberá debatir no solo el alcance de las prestaciones, sino también las alternativas para garantizar su financiamiento y continuidad.
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