Diputados de distintos bloques de la oposición cuestionaron los despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y denunciaron que el Gobierno nacional impulsa un proceso de desmantelamiento del organismo que pone en riesgo el desarrollo científico y la capacidad tecnológica del país.
La polémica se desató luego de que la CNEA notificara la desvinculación de 62 trabajadores contratados, entre profesionales, técnicos y personal administrativo, mediante comunicaciones digitales. Las cesantías alcanzaron áreas vinculadas a proyectos estratégicos del sistema nuclear argentino.
Desde el organismo nacional señalaron que las bajas corresponden a contratos iniciados en 2023 y aseguraron que no afectan a ingenieros nucleares ni a personal técnico especializado. Sin embargo, los gremios sostienen que los despidos impactan en sectores clave para el funcionamiento de la institución.
La medida motivó reclamos de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y de la Asociación de Profesionales de la CNEA (APCNEAN), mientras que durante las protestas la sede central del organismo fue custodiada por efectivos de Gendarmería Nacional.
La diputada de Unión por la Patria, Adriana Serquis, presentó un proyecto de resolución para expresar el «más enérgico repudio institucional» a los despidos y advirtió sobre un fuerte deterioro presupuestario del sector.
Según la iniciativa, el presupuesto de la CNEA registra una caída real del 45,4% durante la actual gestión y acumula una reducción del 53,8% respecto de su nivel máximo alcanzado en 2022. Además, señala una disminución del 53,4% en bienes de capital y una pérdida del poder adquisitivo de los salarios del personal científico y técnico.
En paralelo, el diputado Pablo Juliano, del bloque Provincias Unidas, solicitó una reunión urgente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados para analizar la situación del organismo y convocar a funcionarios, científicos, representantes gremiales y gobernadores.
El legislador sostuvo que las medidas «van más allá de un ajuste fiscal» y denunció un supuesto proceso de vaciamiento del sistema nuclear.
«Lo disfrazan de ajuste fiscal, pero detrás hay un plan para vaciar y entregar nuestra soberanía nuclear», afirmó.
Juliano aseguró que desde diciembre de 2023 el organismo perdió cerca de 500 trabajadores y expresó su preocupación por el futuro de proyectos estratégicos vinculados a la energía nuclear y la investigación científica.
Por su parte, la diputada Vanesa Siley (Unión por la Patria) sostuvo que los despidos representan «una ofensiva directa contra el desarrollo científico y tecnológico» del país y reclamó la revisión de la medida.
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