Funcionarios del Gobierno nacional expondrán este martes en el Congreso sobre los recursos previstos para las universidades públicas. El proyecto contempla $7,3 billones, frente a los $11 billones reclamados por las casas de estudio.
La Cámara de Diputados retomará este martes el debate del Presupuesto 2027 con una discusión central para el sistema educativo: los fondos destinados a las universidades nacionales y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Desde las 10, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, expondrán ante la Comisión de Presupuesto para explicar las partidas previstas por el Poder Ejecutivo.
La presentación se desarrollará en un escenario de fuerte tensión entre el Gobierno y las universidades públicas, luego de la movilización realizada la semana pasada frente al Congreso Nacional, que terminó con incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
El proyecto oficial contempla una asignación de $7,3 billones para las universidades nacionales, mientras que las instituciones reclaman alrededor de $11 billones para afrontar sus necesidades de funcionamiento.
La diferencia asciende a $3,7 billones, lo que significa que la propuesta gubernamental se ubica aproximadamente un 34% por debajo del monto solicitado por las universidades.
Uno de los principales puntos de conflicto es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya ejecución continúa siendo motivo de controversia judicial y política.
Desde el Gobierno sostienen que las normas que autorizan nuevos gastos deben establecer expresamente su fuente de financiamiento.
Álvarez argumentó que el Poder Ejecutivo actuó conforme a la legislación presupuestaria al suspender la ejecución de una ley que, según su interpretación, no contemplaba los recursos necesarios.
El funcionario también señaló que el Gobierno cumplió con una medida cautelar judicial y que la causa se encuentra actualmente en instancia de apelación.
El proyecto presupuestario incorpora obligaciones para las universidades nacionales respecto de la información que deberán presentar ante el Ministerio de Capital Humano.
Las instituciones tendrán que suministrar datos sobre la asignación, ejecución y evaluación de los recursos recibidos. En caso de incumplimiento, la iniciativa contempla la posibilidad de interrumpir las transferencias.
También establece requisitos de información presupuestaria y contable vinculados con las funciones de educación y cultura, salud, ciencia, tecnología e innovación.
En materia salarial, el proyecto dispone que los aumentos previstos para 2027 se aplicarán sobre las plantas docentes y no docentes vigentes a noviembre de 2026, salvo las ampliaciones autorizadas por el Ministerio de Capital Humano.
La propuesta para el área educativa contempla recursos por $9,8 billones y prevé reducciones en programas como las becas Progresar, la asistencia a comedores escolares, la Educación Sexual Integral, la infraestructura escolar y la formación docente.
En contraste, el Plan Nacional de Alfabetización aparece como una de las principales prioridades presupuestarias, con una asignación prevista de $773.000 millones.
El texto mantiene además la distribución automática de recursos educativos a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios para gastos vinculados específicamente con la educación.
La discusión nacional tiene especial relevancia para la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), que forma parte del sistema universitario público alcanzado por las partidas presupuestarias y las disposiciones salariales en debate.
El financiamiento del funcionamiento institucional, los salarios docentes y no docentes y la continuidad de las actividades académicas y científicas forman parte de las preocupaciones que atraviesan al conjunto de las universidades nacionales.
La exposición de los funcionarios abrirá una nueva instancia de discusión legislativa sobre el presupuesto educativo, en un contexto en el que todavía persisten diferencias sustanciales entre los recursos propuestos por el Gobierno y los reclamados por las casas de estudio.
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