Los diputados nacionales de Unión por la Patria Guillermo Michel y Kelly Olmos presentaron un proyecto de ley que busca regular el comercio electrónico y frenar la venta de mercadería ingresada de manera irregular al país a través de plataformas digitales, con el objetivo de proteger a la industria nacional y al empleo.
La iniciativa propone actualizar las leyes de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial, que según los autores no acompañaron el crecimiento del comercio digital ni permiten hoy garantizar la trazabilidad de los productos que se comercializan online.
A través de la red social X, Michel —referente del Frente Renovador— sostuvo que el proyecto apunta a “defender la industria local, el trabajo argentino y combatir la competencia desleal generada por mercadería que ingresa de forma irregular y luego se vende en plataformas virtuales”.
En ese sentido, el diputado remarcó que la propuesta no implicará costos adicionales para los consumidores, pero sí les brindará mayores garantías. “No encarece los productos, pero asegura que la mercadería sea genuina y haya ingresado al país de manera regular”, afirmó.
Debate postergado
El proyecto no podrá ser tratado de inmediato, ya que recién ingresará en la agenda legislativa cuando se inicien las sesiones ordinarias, previstas para marzo. Durante el período de sesiones extraordinarias solo se debaten las iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo.
Michel y Olmos, ambos exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández, fueron electos diputados nacionales en las elecciones de octubre de 2025.
Al fundamentar la propuesta, Michel señaló que en los últimos años el comercio electrónico adquirió un rol central en la comercialización de bienes y servicios, pero advirtió que el marco normativo quedó desactualizado. “Las leyes vigentes no permiten proteger adecuadamente los derechos de los consumidores ni identificar con claridad la trazabilidad de los proveedores”, explicó.
En esa línea, el legislador sostuvo que resulta necesario actualizar la legislación para evitar que productos ingresados de contrabando se vendan a través de plataformas digitales “bajo una apariencia de legalidad”, afectando tanto a los consumidores como a las empresas nacionales.
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