La UTEP, la CGT y las dos CTA movilizarán este jueves 20 de agosto para reclamar respuestas ante el aumento del endeudamiento familiar. Según los datos difundidos por las organizaciones, millones de personas acumulan atrasos mientras una parte creciente de los hogares recurre al crédito para afrontar gastos cotidianos.
El endeudamiento de las familias argentinas volverá a instalarse esta semana en el centro de la agenda política y social. La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma convocaron para este jueves 20 de agosto a una movilización hacia el Ministerio de Economía.
La protesta comenzará a las 14, con concentraciones en Paseo Colón y Estados Unidos y en la intersección de Independencia y Paseo Colón. Desde allí, las columnas marcharán hacia el Palacio de Hacienda.
El reclamo apunta a una problemática que viene mostrando indicadores cada vez más preocupantes: hogares que recurren al endeudamiento no para financiar grandes compras, sino para cubrir alimentación, medicamentos, servicios y otros gastos básicos.
La morosidad, en aumento
De acuerdo con los datos citados en la convocatoria, más de 5,5 millones de familias atravesarían situaciones de créditos impagos o atrasos importantes.
La información del Banco Central incorporada al planteo sindical señala que la tasa de incumplimiento en préstamos a los hogares habría alcanzado el 12,7% en junio de 2026, frente al 2,5% registrado en octubre de 2024.
Además, unos 5,8 millones de personas acumularían atrasos superiores a los 90 días, un crecimiento del 132% respecto de febrero de 2024.
El problema no se limita al sistema bancario. También se observa un fuerte crecimiento de la morosidad en créditos otorgados a través de fintech y billeteras virtuales, una modalidad de financiamiento que se expandió considerablemente durante los últimos años.
Un relevamiento de la Defensoría del Pueblo bonaerense citado por los organizadores señala que el 56,6% de los hogares tomó algún crédito durante el último año y que, entre quienes se endeudaron, el 73,5% todavía mantiene obligaciones pendientes.
El debate sobre qué debe hacer el Estado
La movilización tendrá también un fuerte contenido político porque coloca sobre la mesa una discusión que comenzó a crecer durante las últimas semanas: ¿debe intervenir el Estado frente al sobreendeudamiento de las familias?
El presidente Javier Milei rechazó esa posibilidad y sostuvo que las deudas constituyen una “transacción entre privados” que debe resolverse entre las partes.
Desde las organizaciones sindicales y sociales sostienen una posición diferente. Consideran que la magnitud alcanzada por el endeudamiento dejó de ser exclusivamente un problema individual y requiere medidas que permitan encontrar una salida para los hogares con dificultades para cumplir sus compromisos.
El tema también comenzó a ganar espacio dentro de la oposición. El gobernador bonaerense Axel Kicillof vinculó el crecimiento de la morosidad con la insuficiencia de los ingresos familiares para afrontar los gastos básicos.
Cuando el crédito deja de financiar consumo
Detrás de la discusión aparece un fenómeno económico más profundo. Tradicionalmente, el crédito permitió anticipar consumo o financiar bienes de mayor valor. El problema aparece cuando comienza a utilizarse sistemáticamente para llegar a fin de mes.
Alimentos, medicamentos, tarifas y otros gastos cotidianos aparecen entre los motivos que, según las organizaciones convocantes, llevan actualmente a numerosas familias a solicitar préstamos.
La situación se vuelve todavía más compleja cuando un nuevo crédito se utiliza para cancelar uno anterior, generando una cadena de refinanciaciones que puede terminar incrementando considerablemente el costo de la deuda.
La marcha del jueves buscará precisamente convertir ese escenario en un reclamo público. Después de la movilización al Ministerio de Economía, la UTEP anticipó que continuará con acciones durante la próxima convocatoria del Consejo del Salario Mínimo y en torno al Día de la Industria, el próximo 2 de septiembre.
Más allá de la protesta sindical, el crecimiento de la morosidad abre una discusión que probablemente continuará durante los próximos meses: hasta dónde el endeudamiento responde a decisiones individuales y a partir de qué punto su extensión comienza a convertirse en un problema económico y social que requiere una respuesta pública.
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