Comunicado del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito

Desde El Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito advertimos con gran preocupación la aparición de discursos que incitan a la violencia contra las personas que adscriben a lo establecido por la recientemente aprobada Ley IVE en el Congreso de la Nación y exigimos a las autoridades que apliquen las sanciones correspondientes de manera de cortar de raíz las escaladas de expresiones violentas y arbitre las medidas necesarias para proteger a la ciudadanía.

Después de largos años, por fin la Ley 27.610, de interrupción voluntaria del embarazo, enmarcada en tratados y pactos internacionales, avalada por la Organización Mundial de la Salud y por los protocolos del Ministerio de Salud de la Nación y por la ley 25.673 de creación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable entre otras normas, les consagra a las mujeres y las personas con capacidad de gestar un derecho fundamental para decidir sobre sus cuerpos. No toleraremos expresiones violentas y atentatorias de la vida democrática.

Más grave aún es que esos ataques provengan de algún agente del estado que tiene la obligación de velar por el cumplimiento de las leyes y la seguridad ciudadana. Es importante recordar que durante las últimas jornadas del debate en el congreso se observó la aparición de nefastos personajes que pedían por el cercenamiento de las libertades y derechos de las mujeres y otras diversidades sexuales apelando a la instauración de un régimen dictatorial rememorando a la nefasta dictadura que secuestró, violó, torturó, asesinó y robó criaturas .

Estamos construyendo una sociedad mejor, con más derechos y con un Estado atento al bienestar de toda la población. Repudiamos a quienes quieren avasallar con la fuerza de la violencia , a un pueblo que ha elegido avanzar por el camino de la democracia, de la inclusión , la ampliación de derechos, con juicio y castigo a los culpables del horror y con el fortalecimiento de las instituciones para que garanticen esos derechos.

Independientemente de las sanciones que le correspondan como servidor del estado pedimos una disculpa pública y se le exija acreditar un curso de DDHH y capacitación en Ley Micaela.