El Juzgado Federal de Lomas de Zamora dispuso embargos de $40.000 millones para cada uno y extendió las medidas a otras personas y empresas vinculadas con la investigación. La causa apunta a una presunta estructura dedicada al lavado de activos, la evasión tributaria y la circulación de fondos de origen ilícito.
La investigación judicial sobre Sur Finanzas sumó un nuevo capítulo con una resolución de fuerte impacto económico. El Juzgado Federal Criminal y Correccional N.º 2 de Lomas de Zamora ordenó embargos por 40.000 millones de pesos contra Maximiliano Ariel Vallejo y por la misma suma contra su madre, Graciela Beatriz Vallejo, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos y evasión tributaria.
La decisión judicial también alcanza a otras personas y sociedades vinculadas con el grupo financiero, además de disponer medidas cautelares sobre vehículos, inmuebles y otros bienes que podrían quedar sujetos a un eventual decomiso.
De acuerdo con la resolución, los montos fijados buscan garantizar las posibles responsabilidades económicas derivadas del proceso penal. Los embargos son medidas cautelares y no constituyen, por sí mismos, una condena ni una determinación definitiva de culpabilidad.
Una operación de casi $20.000 millones bajo investigación
Uno de los elementos centrales de la resolución está relacionado con los movimientos registrados en una billetera virtual vinculada con la estructura investigada.
Según el tribunal, una certificación de origen de fondos firmada por Maximiliano Vallejo omitió declarar $19.938.054.800 acreditados durante enero de 2025.
La Justicia calculó que, únicamente por esa operación, el mínimo de la multa eventualmente aplicable podría alcanzar los $39.876.109.600.
Sobre esa base, el juzgado consideró que el embargo de $40.000 millones impuesto a Vallejo no resultaba desproporcionado frente a la posible responsabilidad económica que podría derivarse de la investigación.
Este cálculo constituye uno de los fundamentos utilizados para establecer las medidas patrimoniales, sin que implique una resolución definitiva sobre los hechos investigados.
Embargos millonarios contra otras personas investigadas
La resolución también estableció medidas cautelares sobre los bienes de otros involucrados.
Entre los embargos de mayor magnitud aparecen los siguientes:
| Persona |
Monto del embargo |
| Maximiliano Ariel Vallejo |
$40.000 millones |
| Graciela Beatriz Vallejo |
$40.000 millones |
| María Fernanda Sena Argis |
$20.000 millones |
| Gerardo Salvador Carrozza |
$10.000 millones |
| Silvia Torrado |
$5.000 millones |
| Bárbara Denise Sena Argis |
$5.000 millones |
| Maite Sofía Lorenzo |
$5.000 millones |
| Sergio Gabriel Da Silveira |
$4.000 millones |
También se dispusieron embargos de entre $10 millones y $500 millones para otras personas alcanzadas por la investigación, entre ellas Juan Ramón Cervín, Rolando Esteban Soloaga, Daniela Eliana Sánchez, Jonathan Leonardo Ledesma, Micaela Alejandra Sánchez, Susana Beatriz Hoffmann, Nahiara Gamarra, Juan Miguel Soler, César Abilio Zapaia y Cecilia Elizabeth Fioretti.
Inmuebles, vehículos y propiedades bajo medidas judiciales
Además de los embargos monetarios, la resolución dispuso medidas sobre distintos bienes vinculados con los imputados y las sociedades investigadas, con vistas a un eventual decomiso.
Entre los inmuebles mencionados se encuentran una propiedad ubicada en el Saint Thomas Este Country Club, en Canning; unidades atribuidas a Graciela Vallejo; y distintos bienes relacionados con la operatoria de Sur Finanzas.
También figura la sede central de la compañía, ubicada en Seguí 764/768/780, en Adrogué, además de otro inmueble situado en Seguí 745 y un lote en Fincas de San Vicente.
Estas medidas buscan preservar bienes que podrían resultar relevantes para una eventual decisión patrimonial al finalizar el proceso.
Una presunta estructura que habría operado durante cinco años
La investigación judicial sostiene como hipótesis que la organización habría desarrollado sus actividades entre el 21 de septiembre de 2020 y el 1° de diciembre de 2025.
Durante ese período, según la imputación, se habría utilizado una estructura empresarial y financiera para introducir en el circuito económico fondos provenientes de posibles delitos anteriores, otorgarles apariencia de legalidad, evadir obligaciones tributarias y dificultar su rastreo por parte de los organismos de control.
El tribunal atribuye a Maximiliano Vallejo un presunto papel de jefe u organizador de la asociación ilícita investigada.
En cuanto a Graciela Vallejo, la resolución le adjudica una participación central en la estructura societaria, financiera y patrimonial del grupo.
Se trata de atribuciones formuladas en el marco de la investigación penal, sujetas a las instancias de revisión y defensa correspondientes.
Una investigación que sigue abierta
Las medidas dispuestas representan un avance significativo en el aspecto patrimonial de la causa Sur Finanzas, aunque no implican que las acusaciones hayan quedado judicialmente demostradas.
El expediente deberá continuar con el análisis de la documentación financiera, las operaciones comerciales, los movimientos de dinero y las responsabilidades individuales de cada persona investigada.
La magnitud de los embargos refleja la dimensión económica de las maniobras que la Justicia intenta esclarecer.
La causa Sur Finanzas pone bajo investigación una compleja red de operaciones financieras y societarias, mientras el tribunal procura preservar bienes suficientes para responder ante las eventuales consecuencias económicas de una futura sentencia.
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