La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este fin de semana un nuevo elemento de peso: el fiscal federal Gerardo Pollicita confirmó que la documentación presentada por el contratista Matías Tabar coincide con los USD 245 mil que declaró haber cobrado por las remodelaciones realizadas en la vivienda que el funcionario posee en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
Según pudo averiguar Noticias Argentinas, Tabar se presentó de manera espontánea el viernes pasado en Comodoro Py y entregó recibos, facturas y comprobantes vinculados a la compra de materiales y al pago de mano de obra utilizados durante la obra. De acuerdo a la fiscalía, toda la documentación coincide con el monto mencionado en su primera declaración testimonial.
El empresario, socio del estudio Alta Arquitectura, ratificó además que los trabajos fueron abonados en efectivo y sin facturación formal por parte de Adorni. También detalló cómo se desarrollaron las obras y la modalidad de pago utilizada durante los casi diez meses que demandó la remodelación integral de la propiedad.
Las tareas se habrían realizado entre septiembre de 2024 y julio de 2025 sobre una vivienda emplazada en un lote de 400 metros cuadrados dentro del exclusivo country bonaerense. Entre los trabajos descriptos figuran colocación de pisos, remodelación de cocina y baños, construcción de mobiliario para el quincho y reparaciones en el sector de la pileta.
En su declaración, Tabar sostuvo que Adorni canceló la obra en dos etapas: una primera entrega de USD 55 mil durante 2024 y otros USD 190 mil abonados a lo largo de 2025.
Otro de los puntos que llamó la atención de los investigadores es que, mientras se desarrollaban las refacciones, el jefe de Gabinete habría alquilado otra propiedad dentro del mismo country. Según el contratista, ese gasto adicional alcanzó los USD 13 mil durante el tiempo que duraron los trabajos.
Como parte de la investigación, Tabar también entregó su teléfono celular a la Justicia y aportó datos sobre albañiles, plomeros y electricistas que participaron de la obra. La información podría resultar clave para reconstruir la dinámica de los trabajos y verificar la trazabilidad de los pagos realizados.
La causa, que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py bajo la órbita del juez Ariel Lijo y el fiscal Pollicita, busca determinar si los gastos vinculados a la compra y remodelación de propiedades por parte de Adorni son compatibles con los ingresos declarados oficialmente por el funcionario en los últimos años.
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