El gobierno de Bolivia impidió el ingreso de una delegación integrada por legisladores argentinos y referentes de organismos de Derechos Humanos que había viajado al país para participar de una misión humanitaria vinculada a denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos.
Según pudo averiguar Diario Sonar, la comitiva arribó durante la madrugada al aeropuerto de El Alto y estaba integrada, entre otros, por el diputado nacional Juan Marino (Fuerza Patria), la legisladora porteña Vanina Biasi (Frente de Izquierda-Partido Obrero), la dirigente gremial Soledad Mosquera, la representante de la CTA Autónoma María José Cano y la referente de Derechos Humanos Alejandrina Barry.
De acuerdo con los integrantes de la misión, las autoridades bolivianas les retuvieron la documentación y les impidieron ingresar al país. Posteriormente fueron derivados a un vuelo con destino a Santa Cruz para concretar su salida del territorio boliviano y regresar a la Argentina.
Vanina Biasi, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, denunció que la delegación permaneció retenida bajo custodia policial y sostuvo que la misión tenía como objetivo relevar la situación social y política que atraviesa Bolivia.
Por su parte, Alejandrina Barry aseguró que no les permitieron descender del avión y afirmó que las autoridades intentaron que firmaran documentación con argumentos que calificó como falsos respecto de los motivos del viaje.
En tanto, el presidente del bloque de diputados de Fuerza Patria, Germán Martínez, reclamó que se garantizara la libertad e integridad física de Juan Marino y cuestionó la decisión de las autoridades bolivianas de impedir el desarrollo de la misión.
A través de un comunicado, los integrantes de la delegación señalaron que habían sido invitados por legisladores, organizaciones sociales y sectores de la sociedad civil boliviana para relevar denuncias sobre la situación de los derechos humanos en el país.
Asimismo, consideraron que la expulsión constituyó una decisión política que limitó las tareas previstas por la misión y denunciaron presuntos hechos de represión, detenciones arbitrarias y restricciones a la protesta social.
La delegación también expresó preocupación por la situación política y social en Bolivia y convocó a organizaciones sociales, sindicales y de Derechos Humanos a mantenerse atentas a la evolución del conflicto.
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