ATE fue a la Justicia para frenar el cierre del INTI y denunció un “vaciamiento” del organismo

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó un recurso de amparo contra las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para exigir la nulidad de la Resolución 42/26, medida que dispone la eliminación de más de 900 servicios técnicos, ensayos y tareas de asistencia tecnológica del organismo.

Desde el sindicato denunciaron que el Gobierno nacional intenta avanzar con un “desmantelamiento” del INTI y advirtieron que la resolución vulnera funciones establecidas por ley, por lo que sostienen que solo el Congreso puede modificar o eliminar esas competencias.

“El Gobierno está actuando al margen de la ley en su intento de desmantelamiento del INTI. Las resoluciones emitidas por el Consejo Directivo no pueden modificar funciones ni tampoco eliminar programas que hayan sido creados por una ley. No podemos permitir que existan autoridades que pretendan estar por encima del Congreso”, afirmó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

El dirigente agregó que se trata de “una resolución ilegal que tiene que ser suspendida de inmediato”, y remarcó que el impacto no solo afecta a los trabajadores del organismo sino también al entramado productivo del país.

“Los ensayos, el servicio técnico y el desarrollo de tecnología puesta al servicio de pequeñas y medianas empresas repercute en el desarrollo y crecimiento de nuestro país”, sostuvo.

En el escrito judicial, ATE argumentó que la medida representa un “vaciamiento institucional” y recordó que otros intentos de ajuste sobre el organismo ya habían sido frenados anteriormente por la Justicia.

Además, el sindicato cuestionó que bajo el argumento de “reorganizar” la oferta tecnológica, la resolución avanza sobre áreas estratégicas vinculadas al control de calidad industrial, alimentos, materiales de construcción, combustibles, dispositivos médicos y metrología, entre otras actividades consideradas clave para el sector productivo.

Desde el gremio también denunciaron que la eliminación de funciones deja sin tareas concretas a cientos de trabajadores especializados, afectando la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo. Según plantearon, se trata de una “desocupación efectiva” de profesionales y técnicos del organismo.

ATE sostuvo además que la medida fue dispuesta sin negociación paritaria previa ni consulta sindical, lo que —afirman— implica una violación de normas laborales y convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En ese marco, el sindicato solicitó una medida cautelar urgente para suspender de inmediato los efectos de la resolución mientras avanza la causa judicial.