Argentina no cumplirá con el compromiso asumido con Estados Unidos de ratificar antes del 30 de abril el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), ya que la Cámara de Diputados no prevé tratar la iniciativa en ese plazo.
El acuerdo, que cuenta con media sanción del Senado desde fines de los años 90, sigue trabado en la Cámara baja y su debate quedó en pausa, atravesado por fuertes resistencias de los laboratorios nacionales.
La ratificación del tratado formaba parte de los compromisos asumidos por el presidente Javier Milei en el marco del Acuerdo Recíproco de Comercio firmado con su par estadounidense. Sin embargo, fuentes parlamentarias del oficialismo confirmaron que el tratamiento está frenado por pedido de Cancillería y sin fecha definida para retomarse.
“Es un tema de Cancillería que tiene que avisar cuando lo tenga cerrado”, señalaron desde el Congreso.
En los últimos días, Diputados tenía previsto avanzar con un dictamen exprés en comisión, pero la reunión se suspendió de manera abrupta tras un fuerte lobby de la industria farmacéutica local.
El principal obstáculo es la oposición de los laboratorios nacionales, que rechazan la adhesión sin condiciones. Argumentan que el tratado implicaría cambios profundos en el régimen de propiedad intelectual y afectaría la producción de medicamentos.
En ese sentido, las cámaras CILFA y Cooperala advirtieron que la aprobación “configurará una cesión de soberanía en políticas de propiedad intelectual” y pondrá en riesgo el esquema vigente desde 2012.
Ese marco regulatorio había sido establecido durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y recientemente fue modificado por la actual gestión, que dejó sin efecto resoluciones que limitaban el alcance de las patentes farmacéuticas.
El punto más sensible del debate es la duración y el alcance de las patentes: bajo el tratado, los registros tienen una validez de 20 años en los países miembros, lo que impacta de lleno en el negocio de los medicamentos.
Los laboratorios locales buscan que Argentina adhiera con reservas, particularmente sobre el Capítulo II del acuerdo. Sin embargo, dentro del propio Gobierno hay diferencias sobre la viabilidad de esa alternativa.
Desde el oficialismo, en cambio, defienden la adhesión plena al sistema. Sostienen que empresas argentinas como Mabxience, Bagó, Biogénesis Bagó y Andrómaco ya utilizan el mecanismo internacional para proteger desarrollos en el exterior, aunque a través de otros países.
También remarcan que organismos como el CONICET concentran una parte significativa de las solicitudes de patentes bajo este sistema, y advierten que no adherir implica mayores costos y trabas burocráticas para la innovación local.
Además, consideran que la incorporación al tratado podría fortalecer el rol del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), abriendo la puerta a que en el futuro actúe como autoridad internacional de examen, algo que hoy ya ocurre en Brasil.
Por ahora, el debate sigue empantanado y sin fecha de reactivación, en medio de tensiones entre el Gobierno, el sector científico y la industria farmacéutica.
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