El Gobierno nacional trabaja en un programa de ciberseguridad que contempla una inversión estadounidense de hasta 13,9 millones de dólares, la creación de un centro de monitoreo y la sustitución progresiva de equipos de origen chino en organismos públicos. La iniciativa todavía se encuentra en etapa de diseño.
El Gobierno argentino avanza en negociaciones con Estados Unidos para implementar un programa de ciberseguridad que podría modificar parte de la infraestructura tecnológica utilizada por organismos del Estado nacional.
El proyecto incluye la creación de un Centro Nacional de Operaciones de Seguridad (SOC), una revisión de las redes informáticas gubernamentales y el reemplazo progresivo de equipamiento de origen chino instalado en sectores considerados estratégicos.
Según la información difundida sobre las conversaciones, el Departamento de Estado estadounidense aportaría asistencia técnica y un financiamiento de hasta 13,9 millones de dólares durante tres años.
La iniciativa se encuentra en etapa de planificación y todavía no se informó un cronograma definitivo de implementación ni qué organismos serían alcanzados por los cambios.
La primera etapa consistiría en realizar un relevamiento de centros de datos, redes y sistemas utilizados por la administración pública nacional.
El objetivo sería identificar equipos considerados sensibles, establecer prioridades de reemplazo y definir nuevos estándares de seguridad para las futuras compras tecnológicas.
El programa también prevé fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta frente a ataques informáticos, un aspecto cada vez más relevante para la protección de bases de datos, servicios públicos e infraestructura crítica.
Uno de los componentes centrales del proyecto es la creación de un Centro Nacional de Operaciones de Seguridad, que funcionaría bajo la órbita del Centro Nacional de Ciberseguridad.
La nueva estructura concentraría tareas actualmente distribuidas entre diferentes dependencias estatales.
Entre sus funciones previstas se encuentran la supervisión permanente de las redes gubernamentales, la detección de actividades sospechosas, el análisis de amenazas y la coordinación de respuestas ante incidentes de seguridad.
También se contempla la capacitación de especialistas argentinos y la actualización de protocolos para compartir información entre organismos.
La iniciativa se inscribe en una estrategia más amplia de Washington para promover el uso de proveedores tecnológicos que considera confiables en América Latina.
Desde la administración estadounidense sostienen que determinados equipos de origen chino pueden representar riesgos para la protección de información sensible y la seguridad de las comunicaciones.
El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, ha expresado cuestionamientos hacia empresas como Huawei, a partir de las obligaciones que, según la interpretación estadounidense, establece la legislación china en materia de cooperación con los organismos de inteligencia.
Estas advertencias forman parte de la posición de Washington y no constituyen, por sí solas, pruebas de que los equipos instalados en redes argentinas hayan sido utilizados para tareas de espionaje.
La eventual sustitución de equipamiento abriría también interrogantes sobre los costos de migración, la compatibilidad de los sistemas y los criterios utilizados para seleccionar nuevos proveedores.
Aunque el proyecto apunta a reducir riesgos y mejorar la capacidad de respuesta del Estado, el reemplazo de una tecnología por otra no garantiza por sí mismo la seguridad de las redes.
Para ello también resultan necesarios controles técnicos, actualizaciones permanentes, auditorías y procedimientos adecuados de gestión de incidentes.
Por el momento, las conversaciones entre Argentina y Estados Unidos avanzan sobre el diseño de un programa que combina cooperación tecnológica, financiamiento y una decisión de alcance geopolítico: revisar la presencia de equipamiento chino en áreas sensibles de la administración pública nacional.
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