Amplio respaldo social a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y rechazo a discursos negacionistas

En el marco de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, distintas encuestas reflejan un fuerte consenso social en torno a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y una valoración positiva del rol histórico de los organismos de derechos humanos.

Según un relevamiento de la consultora Proyección, el 73,8% de las personas consultadas aprueba las políticas desarrolladas desde el retorno de la democracia. Además, siete de cada diez consideran que durante la última dictadura existió un plan sistemático de torturas y desapariciones, lo que refuerza el reconocimiento social del terrorismo de Estado.

El estudio, realizado sobre una muestra de 1045 casos a nivel nacional, también indica que el 81,7% reconoce el rol importante de los organismos de derechos humanos en la historia argentina, mientras que una amplia mayoría asocia la consigna “Memoria, Verdad y Justicia” con la necesidad de recordar a las víctimas y defender los derechos fundamentales.

La memoria como consenso mayoritario

Los datos aparecen en un contexto político atravesado por discursos que relativizan o niegan los crímenes de la dictadura. Sin embargo, los resultados muestran una distancia significativa entre esas posiciones y la percepción mayoritaria de la sociedad.

El 70% de los encuestados sostiene que el accionar del Estado entre 1976 y 1983 respondió a un plan sistemático de violaciones a los derechos humanos, frente a un 17% que lo interpreta como una “guerra entre dos bandos” y un 11,3% que lo reduce a “excesos aislados”.

El reconocimiento a los organismos

El respaldo social también se expresa en la valoración del trabajo de organismos como Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo.

Más del 80% de los consultados considera que su rol fue importante o muy importante, y un 97,5% identifica su tarea principal en la denuncia de desapariciones y violaciones a los derechos humanos.

En términos comparativos, estos organismos presentan niveles de imagen positiva superiores a otras instituciones como el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, los sindicatos o los medios de comunicación.

Educación, economía y legado

El estudio también muestra un fuerte respaldo a la enseñanza de lo ocurrido durante la dictadura en el sistema educativo: el 92,1% está a favor de que estos contenidos formen parte de la formación escolar.

En paralelo, un 72,1% de los encuestados considera que el modelo económico del régimen militar favoreció principalmente a grandes empresas, mientras que una amplia mayoría rechaza visiones que relativizan el impacto social y económico de ese período.

Coincidencias en otros estudios

Los resultados se ven reforzados por otros relevamientos recientes. Una encuesta de la consultora Zuban Córdoba mostró que el 68,6% de los consultados coincide en que la dictadura fue un período marcado por violaciones a los derechos humanos, crisis económica y falta de libertades.

Asimismo, estudios del Observatorio Pulsar de la UBA y del CELS indican que más del 70% evalúa negativamente al último gobierno militar.

En la misma línea, un informe de Amnistía Internacional señala que el 75% de los jóvenes rechaza la posibilidad de otorgar indultos a militares condenados por delitos de lesa humanidad.

Un consenso que persiste

En conjunto, los datos evidencian la persistencia de un consenso social amplio en torno a la memoria histórica y el rechazo al terrorismo de Estado, incluso en un contexto de disputas discursivas.

Lejos de diluirse, el respaldo a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia continúa siendo uno de los pilares más sólidos de la democracia argentina.