La defensa del exjefe de Gabinete solicitó una prórroga para responder los requerimientos del fiscal Gerardo Pollicita en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. La investigación analiza un desfasaje superior a $43 millones y movimientos por más de US$400 mil.
Manuel Adorni pidió a la Justicia más tiempo para presentar documentación y explicar distintos movimientos patrimoniales que son investigados en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La defensa solicitó suspender el plazo antes de su vencimiento, previsto para este miércoles, luego de que el fiscal Gerardo Pollicita le otorgara 15 días para responder una serie de requerimientos y aportar documentación que permita establecer el origen de los fondos observados.
El pedido se produce después de que un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) detectara diferencias entre los ingresos declarados y los gastos reconstruidos correspondientes a Adorni y su pareja, Bettina Angeletti.
Según el documento incorporado a la causa, el grupo familiar habría registrado ingresos por aproximadamente $229 millones, mientras que los gastos analizados alcanzarían los $272 millones. La diferencia supera los $43 millones y forma parte de los puntos sobre los cuales la Justicia reclama explicaciones.
Movimientos por más de US$400 mil bajo análisis
La investigación también puso el foco sobre movimientos por US$402.578,12, cuyo origen busca determinar la Justicia.
Entre las operaciones mencionadas aparecen la adquisición del lote 380 del country Indio Cuá, pagos vinculados con la remodelación de una vivienda y una inversión en criptomonedas que Adorni habría declarado.
Uno de los movimientos analizados corresponde al pago de US$245.000 al contratista Matías Tabar por trabajos de remodelación. También se encuentran bajo análisis US$200.000 que Adorni aseguró haber invertido en bitcoin.
En el marco de la estrategia para justificar esas operaciones, la defensa solicitó además acceder a información contenida en el teléfono celular de Tabar, quien habría entregado voluntariamente el dispositivo. El objetivo sería encontrar documentación o comunicaciones relacionadas con los pagos investigados.
Lijo deberá resolver el pedido
Ahora será el juzgado a cargo de Ariel Lijo el que deberá determinar si concede la prórroga solicitada.
En caso de obtenerla, Adorni contará con un plazo adicional para presentar comprobantes y responder los requerimientos formulados por la fiscalía.
La causa se encuentra todavía en etapa de investigación y las inconsistencias señaladas en el informe no implican por sí mismas la acreditación de un enriquecimiento ilícito. La Justicia deberá determinar si los movimientos patrimoniales cuestionados cuentan con una justificación respaldada por la documentación correspondiente.
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