La medida ordenada por el Ministerio de Justicia incluye revisión de balances, contratos y operaciones financieras. La entidad que preside «Chiqui» Tapia la rechazó y anticipa acciones legales.
El Gobierno nacional dispuso este lunes una intervención en grado de veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por 180 días, en una medida que profundiza la tensión con la conducción que encabeza Claudio «Chiqui» Tapia.
La decisión, adoptada por el Ministerio de Justicia a pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ), designa a dos veedores —el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco— para relevar documentación, revisar balances y analizar operaciones financieras de la entidad madre del fútbol argentino.
¿Qué podrán revisar los veedores?
Los designados tendrán acceso a:
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Libros contables y registros administrativos
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Estados financieros cerrados al 30 de junio de 2025
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Documentación sobre impuestos, aportes y contribuciones previsionales
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Acuerdos comerciales con firmas y personas bajo observación
Entre las operaciones específicas que deberán analizar figuran las vinculadas con TourProdEnter LLC, Sur Finanzas, Javier Faroni, Erica Gillette y Ariel Vallejo, así como la documentación relacionada con la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA).
El rechazo de la AFA
La entidad que preside Tapia rechazó públicamente la medida apenas conocida, calificándola de «veeduría ilegítima». Desde la AFA negaron irregularidades en la presentación de balances y anticiparon que buscarán frenar el avance por vía judicial.
El conflicto venía escalando en las últimas semanas. La IGJ había reclamado información contable sobre el ejercicio 2025 y la UNAFA, además de cuestionar el intento de la AFA de fijar su domicilio en la provincia de Buenos Aires. Según el organismo, esa mudanza fue «ficticia» y la asociación sigue bajo su jurisdicción.
¿Qué implica la veeduría?
La medida no equivale a una intervención plena ni altera el funcionamiento cotidiano de la AFA, pero sí
Los veedores deberán elaborar un informe final, aunque también podrán presentar reportes parciales si detectan situaciones urgentes.
El resultado de este proceso podría derivar en nuevos requerimientos, sanciones administrativas o una profundización del conflicto en sede judicial.
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