El presidente Javier Milei presentó este lunes, a través de un breve mensaje grabado desde la Casa Rosada, el Presupuesto 2026, con el equilibrio fiscal como eje central y la promesa de reforzar partidas en jubilaciones, salud, educación y pensiones por discapacidad. Sin embargo, el anuncio llega en un contexto político complejo y abre interrogantes sobre la capacidad del Gobierno para sostener su estrategia económica en medio de la creciente conflictividad social.
El equilibrio fiscal como mantra
Desde el inicio de su gestión, Milei repite la idea del “equilibrio fiscal” como condición indispensable para estabilizar la economía. Esta vez no fue la excepción: volvió a advertir que sin orden en las cuentas públicas, el país corre el riesgo de regresar a “la inflación descontrolada y la destrucción de expectativas”.
Pero el énfasis en la disciplina fiscal contrasta con una realidad en la que amplios sectores de la población aún no perciben mejoras en su vida cotidiana, como el propio mandatario reconoció. El desafío, entonces, es doble: mantener el superávit mientras se enfrenta la presión de demandas sociales cada vez más visibles.
Aumentos estratégicos antes de una semana caliente
El anuncio de incrementos en áreas sensibles no parece casual. Milei informó que el presupuesto prevé:
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$4,8 billones para universidades nacionales.
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Un 5% extra en jubilaciones y 17% en salud, ambas por encima de la inflación proyectada.
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Un 8% real en educación.
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Un aumento del 5% en pensiones por discapacidad.
Estos anuncios se dan a horas de que Diputados trate los vetos presidenciales a la Ley de Emergencia Pediátrica y al Financiamiento Universitario, dos frentes de fuerte resistencia para el Gobierno, que además deberá enfrentar una marcha federal convocada por sindicatos y organizaciones sociales.
El gesto de aumentar fondos en jubilaciones, educación y salud aparece, entonces, como un intento de desactivar la presión en la calle y en el Congreso, más que como una estrategia planificada de largo plazo.
La tensión con las provincias y la reforma tributaria
Entre las novedades, Milei destacó que el Presupuesto 2026 incorpora por primera vez el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas para ordenar la relación financiera con las provincias. El guiño a los gobernadores busca mostrar apertura, aunque la puja por los recursos federales sigue siendo uno de los puntos más conflictivos de la gestión.
El presidente también planteó la necesidad de “restaurar la presunción de inocencia fiscal” y adelantó un nuevo régimen simplificado de declaración jurada de ganancias. El mensaje apunta a seducir al sector empresario, aunque deja dudas sobre cómo impactará en la recaudación y en la capacidad real del Estado de financiar políticas públicas.
¿Un presupuesto de transición?
El Gobierno sostiene que “lo peor ya pasó” y que el superávit primario permitirá por primera vez en décadas que el sector público financie proyectos privados de infraestructura. Sin embargo, los analistas advierten que el presupuesto puede terminar funcionando como un puente político más que como un plan económico sostenible.
Milei busca consolidar la idea de que el equilibrio fiscal es “inamovible”, pero los números deberán demostrar si es posible sostenerlo sin profundizar la recesión y sin desatar un conflicto social mayor.
En definitiva, el Presupuesto 2026 no solo será un examen de gestión económica, sino también un test político: mostrará si el Gobierno logra articular apoyos en el Congreso y resistir la presión en las calles o si, por el contrario, se enfrenta a un escenario de mayor aislamiento.
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