Desde el lunes 11 hasta el viernes 15 de agosto, las universidades nacionales de Argentina llevarán adelante una medida de fuerza que incluye un paro total de actividades. La protesta, anunciada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), surge tras la media sanción en la Cámara de Diputados de la Ley de Financiamiento Universitario y la advertencia del presidente Javier Milei de aplicar un nuevo veto.
El gremio docente exige mejoras salariales, financiamiento para el funcionamiento de las casas de estudio y mayores recursos para ciencia y tecnología. El reclamo se enmarca en el reciente esquema de incrementos dispuesto de forma unilateral por el Poder Ejecutivo: 1,3% para junio, julio y agosto; 1,2% para septiembre; y 1,1% para octubre y noviembre. Según datos oficiales, estos ajustes resultan insuficientes, ya que el salario real de los profesores con dedicación simple y una década de antigüedad cayó un 28% desde noviembre de 2023.
En cuanto al presupuesto, un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advierte que, en términos reales, el financiamiento universitario previsto para 2025 es un 9% inferior al del año anterior y acumula un recorte del 32% respecto de 2023. La organización alertó que esta reducción compromete el funcionamiento de las instituciones y limita su capacidad para garantizar educación superior gratuita y de calidad.
Cada universidad definirá la modalidad de la protesta. En la UBA, las clases no comenzarán el 11 de agosto, pero se retomarán al día siguiente con actividades de visibilización del conflicto. En la Universidad Nacional de La Plata, en cambio, el paro se extenderá durante toda la semana.
La media sanción de la Ley de Financiamiento Universitario —impulsada por los rectores en mayo— se aprobó con 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones, a solo un voto de alcanzar los dos tercios. El proyecto contempla la reapertura de paritarias (cerradas desde octubre de 2024), el refuerzo de fondos para el funcionamiento de universidades y hospitales universitarios, el sostenimiento de becas y la creación de un fondo de $10.000 millones, actualizado por IPC, para incentivar el ingreso a carreras estratégicas.
El texto deberá ahora ser tratado por el Senado, donde la oposición cuenta con mayoría para su aprobación. Sin embargo, el presidente Milei, en cadena nacional, ratificó que vetará cualquier norma que implique nuevas partidas presupuestarias.
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