El presidente Javier Milei vetó en su totalidad la Ley de Financiamiento Universitario, que había sido aprobada en el Congreso con una amplia mayoría y buscaba garantizar una recomposición salarial para docentes y no docentes, además de actualizar los gastos de funcionamiento de las universidades públicas. La medida quedó oficializada este miércoles por la noche a través del Decreto 647/2025.
La decisión reabre el debate en la Cámara de Diputados, donde la oposición ya comenzó a trabajar para tratar la “insistencia” y dejar sin efecto el veto presidencial. Con 158 votos positivos y 75 negativos en la media sanción original, el bloque oficialista enfrenta un escenario complejo: para sostener su posición deberá construir acuerdos políticos en un Congreso que, en lo que va del año, le ha dado varias derrotas.
“Si nosotros no logramos revertir este veto en la Cámara de Diputados, vamos a tener que acostumbrarnos a dejar de ver a las universidades públicas tal cual las conocemos”, advirtió Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires.
Desde la oposición también llegaron críticas duras. Pablo Juliano, presidente del bloque Democracia Para Siempre, anticipó que votarán contra el veto: “Rechazaremos este nuevo atropello. Presidente Milei: usted fue elegido para gobernar para todos. Sus trabas ideológicas no pueden cercenar el futuro de los argentinos. Como diputados tenemos la obligación de insistir en la ley de financiamiento universitario”.
La Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) anunció un paro de 24 horas para este viernes y prepara una marcha federal cuya fecha se confirmará una vez que el Congreso fije la sesión. El movimiento estudiantil anticipa que la protesta se replicará en universidades de todo el país.
El veto se conoció apenas días después de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires y en medio de las tensiones del oficialismo con gobernadores aliados. La Casa Rosada busca reordenar el diálogo político con sectores opositores, pero el debut de la nueva “mesa política” quedará marcado por esta pulseada en defensa de la universidad pública.
La iniciativa vetada, el Proyecto de Ley Nº 27.795, establecía la obligación de actualizar los fondos universitarios desde el 1° de enero de 2025 de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC. Su objetivo central era “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina”.
Con el Congreso nuevamente en el centro de la escena, el desenlace de esta disputa definirá no solo el futuro del sistema universitario público, sino también la capacidad de Milei de sostener su agenda frente a una oposición que muestra signos de unidad
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