Durante más de dos horas, el Salón Eva Perón de la Casa Rosada fue escenario de un encuentro cargado de formalidad y cautela. El presidente Javier Milei expuso ante los gobernadores las líneas maestras del Presupuesto 2026 y delineó tres reformas estructurales —laboral, tributaria y del Código Penal— que, según su visión, apuntan a “modernizar la economía y fortalecer el orden”.
Sin embargo, detrás de los gestos institucionales, se mantuvo la distancia política y la desconfianza fiscal que atraviesa la relación entre Nación y provincias.
Reforma laboral: la apuesta por la flexibilización
El mandatario propuso que los convenios colectivos de menor alcance prevalezcan sobre los nacionales, lo que permitiría acuerdos por empresa, provincia o región. La idea, presentada como una vía hacia la “competitividad”, reabre el debate sobre la precarización y la pérdida de derechos adquiridos.
También insistió en atar los convenios a la productividad, un reclamo de larga data del empresariado, pero resistido por los sindicatos y varios mandatarios provinciales, que temen un aumento de la conflictividad laboral.
Reforma tributaria: la puja por los fondos
El tramo más tenso de la reunión giró en torno al esquema de distribución de recursos. Los gobernadores exigieron revisar las asignaciones específicas y demandaron mayor reciprocidad en el reparto de impuestos. Además, pidieron inversiones en infraestructura, una nueva ley de biocombustibles y compensaciones para las cajas previsionales que no fueron transferidas a Nación.
El planteo dejó en evidencia que la “racionalización fiscal” del Gobierno nacional sigue chocando con la realidad de las provincias, muchas de las cuales enfrentan serias dificultades financieras y dependen de los giros federales.
Reforma del Código Penal: una incógnita abierta
Milei también habló de “actualizar” el Código Penal en función de los cambios sociales y tecnológicos, aunque no detalló qué artículos serían modificados. En el entorno presidencial hablan de “modernización jurídica”, pero sin precisiones concretas, la propuesta quedó más en el terreno del gesto político que en el de una iniciativa inmediata.
El trasfondo político
El presidente apeló al aniversario del 30 de octubre de 1983 —fecha del retorno a la democracia— para cerrar su exposición con un guiño institucional. Pero el mensaje de fondo fue claro: las provincias deberán acompañar las reformas si pretenden mantener diálogo con la Casa Rosada.
En los pasillos, varios mandatarios se retiraron con prudencia, sin declaraciones públicas, pero con la certeza de que la negociación por recursos y autonomía recién comienza.
Participantes
Entre los presentes estuvieron los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Sergio Ziliotto (La Pampa), Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y las vicegobernadoras Silvana Schneider (Chaco), Hebe Casado (Mendoza) y Zulma Reina (Neuquén).
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