El debate por una ley de eutanasia vuelve a instalarse en la agenda política argentina, impulsado tanto por casos internacionales como por iniciativas legislativas que buscan ampliar los derechos en el final de la vida.
Actualmente, en el Congreso existen distintos proyectos que apuntan a superar el marco vigente de la Ley de Muerte Digna 26.742, sancionada en 2012, que permite rechazar tratamientos médicos —lo que se conoce como eutanasia pasiva— pero no habilita la eutanasia activa ni el suicidio asistido, que continúan prohibidos por el Código Penal.
Las nuevas propuestas buscan avanzar hacia una regulación más amplia, que contemple la posibilidad de acceder a la muerte asistida no sólo en casos de enfermedades terminales, sino también frente a padecimientos graves, dolores persistentes o condiciones que deterioren significativamente la calidad de vida.
Las iniciativas en debate
Entre los proyectos con estado parlamentario se destacan los impulsados por Silvina García Larraburu, Miguel Ángel Pichetto y Martín Ardohain, además de otras iniciativas previas como la denominada “Ley Alfonso” y la “Ley de Buena Muerte”.
Regulación integral y derecho a decidir
El proyecto de García Larraburu propone un “Régimen para la Regulación de la Eutanasia y el Suicidio Médicamente Asistido”, con el objetivo de garantizar el derecho de toda persona a solicitar asistencia médica para poner fin a su vida de manera “digna, voluntaria e informada”.
La iniciativa establece que los profesionales de la salud no serán penalizados si actúan dentro del marco legal y contempla la posibilidad de revocar la decisión en cualquier momento. También prevé mecanismos específicos para menores de edad y personas incapaces, con intervención judicial y de organismos de protección.
Libertad individual y marco legal
Por su parte, el proyecto de Pichetto pone el eje en la autonomía personal. Su propuesta plantea que cada individuo pueda decidir sobre su propia vida dentro de un esquema regulado, con controles que eviten abusos.
El texto contempla tanto la eutanasia activa —mediante la intervención directa del personal de salud— como el suicidio asistido, en el que el paciente administra los medios indicados. Además, establece criterios diferenciados para menores y personas con capacidad restringida.
Procedimientos y garantías
En tanto, la iniciativa de Ardohain busca regular la eutanasia y la asistencia médica para morir con un fuerte énfasis en los procedimientos y las garantías.
El proyecto exige una solicitud formal, libre e informada por parte del paciente, que será evaluada por un equipo interdisciplinario. También establece instancias de ratificación de la voluntad y la posibilidad de desistir en cualquier momento.
Asimismo, incorpora sanciones para quienes instiguen o asistan al suicidio fuera del marco legal propuesto.
Un debate abierto
Las distintas iniciativas coinciden en la necesidad de abrir un debate legislativo sobre el derecho a morir con dignidad, aunque difieren en los alcances y mecanismos.
Por ahora, ninguno de los proyectos logró avanzar en el tratamiento parlamentario, pero el tema vuelve a ganar visibilidad y podría instalarse con fuerza en la agenda del Congreso en los próximos meses.
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