El Gobierno nacional presentó una denuncia penal en la Justicia Federal y una medida cautelar en el fuero civil luego de la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Según la Casa Rosada, se trató de una “maniobra de inteligencia ilegal destinada a desestabilizar al país en plena campaña electoral”.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó este lunes la presentación judicial y sostuvo que “se grabaron, manipularon y difundieron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, con el objetivo de condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración: fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”.
La cautelar que frena la difusión
En paralelo, el juez civil Alejandro Maraniello dispuso una medida cautelar que prohíbe la reproducción de nuevos audios que involucren a la hermana del Presidente. El magistrado aclaró que la decisión no busca “limitar el debate público ni el flujo de información”, sino proteger la intimidad y el honor de las personas involucradas, además de la seguridad institucional ante la posible divulgación de contenidos sensibles para el Estado.
Los audios y el contexto político
Los registros fueron difundidos el viernes en Data Clave por Carnaval Stream, en un programa conducido por Mauro Federico e Ivy Cángaro. Allí se escuchó a Karina Milei en un tono coloquial llamando a la unidad interna: “No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”.
La publicación se conoció poco después del escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde grabaciones vinculadas a coimas derivaron en la salida de Diego Spagnuolo, exfuncionario del organismo. Aunque los audios de Milei no mencionan directamente esa causa, los periodistas que los difundieron adelantaron que forman parte de un paquete mayor de grabaciones que podrían publicarse próximamente.
La denuncia en Comodoro Py
La denuncia fue presentada bajo la Ley 25.520 de Inteligencia y quedó radicada en el Juzgado Federal N°12. El escrito reclama que se investigue a “quienes resulten responsables de la producción, manipulación y difusión” de los registros, además de medidas inmediatas para frenar nuevas filtraciones.
En ese marco, el Gobierno pidió también allanamientos en los domicilios de periodistas y dirigentes como Jorge Rial, Pablo Toviggino y Mauro Federico, entre otros. Según trascendió, esos procedimientos se apoyarían en el decreto 383/2025, que habilita allanamientos sin orden judicial, en línea con la estrategia del presidente Javier Milei de avanzar sobre quienes considera responsables de la maniobra.
El escrito solicita además que los medios, plataformas digitales y organismos colaboren con la prohibición de difundir nuevos audios bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia (artículo 239 del Código Penal).
Un capítulo político y judicial abierto
El Gobierno enmarcó la presentación en la necesidad de “proteger a las instituciones democráticas” frente a lo que calificó como una operación de inteligencia prohibida por ley. Mientras tanto, la oposición y sectores del periodismo cuestionaron el tono de la denuncia y la posibilidad de que se utilicen medidas excepcionales contra comunicadores y dirigentes.
La filtración de los audios y la ofensiva judicial del oficialismo abren así un nuevo capítulo de tensión política en medio de la campaña electoral.
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