La Cámara de Diputados no logró reunir los votos necesarios para revertir el veto del presidente Javier Milei a la ley que establecía un incremento del 7,2% en los haberes jubilatorios y la ampliación del bono a $110.000 para quienes perciben la mínima.
La oposición reunió 160 voluntades para insistir con la norma, pero no alcanzó los dos tercios requeridos. En contraposición, 83 legisladores acompañaron la postura del Gobierno y otros seis optaron por abstenerse.
El resultado dejó en pie la decisión presidencial, luego de un debate que expuso con fuerza las diferencias entre oficialismo y oposición sobre el rumbo económico y el futuro del sistema previsional.
Cruces en el recinto
Desde la izquierda, la diputada Vilma Ripoll (FIT) pidió “quebrar un veto indigno” y su compañero de bloque Alejandro Vilca remarcó que la ley no resolvía de fondo la situación de los jubilados, aunque sí significaba un paliativo.
En la misma línea, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, cuestionó el “ajuste intolerable” que impulsa el Gobierno, mientras que Pablo Juliano (Democracia para Siempre) advirtió sobre diputados que “cambiaron su voto” respecto a la media sanción inicial.
El oficialismo y el PRO defendieron la posición contraria. Silvana Giudici sostuvo que las propuestas opositoras “destruirían el esfuerzo de los últimos 22 meses” y Francisco Monti (LLA) pidió “terminar con la demagogia”, señalando que el equilibrio fiscal es el “ancla” del plan de estabilización.
Germán Martínez, jefe de Unión por la Patria, acusó al Ejecutivo de presionar a gobernadores para garantizar el respaldo al veto. En tanto, Eduardo Falcone (MID) aseguró que “existen alternativas de financiamiento” para el aumento, reafirmando el apoyo de su espacio a la ley.
Finalmente, el libertario Álvaro González justificó el blindaje al veto y advirtió que la iniciativa implicaba “más gasto público sin fuentes de financiamiento claras, pan para hoy y hambre para mañana”.
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