El juez federal Ariel Lijo dispuso una serie de medidas de restricción contra Marcelo Grandío, en el marco de una investigación vinculada al uso de un vuelo privado por parte del jefe de Gabinete Manuel Adorni.
La decisión se tomó a partir de un pedido del fiscal Gerardo Pollicita, luego de que una testigo denunciara hostigamiento y presiones mientras prestaba declaración.
Las medidas establecen que Grandío no podrá contactar a la denunciante por ningún medio —ya sea personal, telefónico o digital— ni acercarse a su domicilio, lugar de trabajo o espacios de concurrencia habitual.
Denuncia por presiones durante una declaración
El caso se originó tras la denuncia de Vanesa Elizabeth Tossi, empleada de la empresa JAG Executive Aviation, quien declaró como testigo en la causa que investiga el vuelo que trasladó a Adorni a Uruguay.
Según su testimonio, mientras brindaba declaración ante la fiscalía recibió reiteradas llamadas y mensajes por parte de Grandío, además de una carta documento previa con términos intimidatorios.
La mujer sostuvo que estas acciones tenían como objetivo influir en su relato sobre los hechos investigados. En su declaración también indicó que Grandío habría sido quien abonó el vuelo y que habría solicitado que no se emitiera factura por el servicio.
Investigación en curso
Ante la gravedad de lo denunciado, el fiscal impulsó una investigación paralela para determinar si existieron delitos como amenazas o coacción.
En su dictamen, Pollicita advirtió que las conductas denunciadas podrían afectar la libertad de la testigo y comprometer la validez de una prueba clave para la causa.
Por ese motivo, el juez resolvió dictar medidas urgentes para resguardar la integridad de la denunciante y garantizar que la investigación avance sin interferencias.
Asimismo, se ordenó extraer testimonios y documentación del expediente para profundizar la investigación sobre las presiones denunciadas.
Garantizar el proceso
Desde la Justicia remarcaron que estas medidas no implican una sanción anticipada, sino que buscan proteger a la testigo y asegurar la transparencia del proceso judicial.
La causa se centra en el uso de servicios aéreos privados por parte de funcionarios públicos y continúa en etapa de investigación.
Comentarios de las entradas (0)