A nueve años del femicidio de Micaela García, la causa judicial todavía no está cerrada. Mientras se recuerda el crimen que conmocionó al país y dio origen a la llamada Ley Micaela, la Justicia de Entre Ríos avanza hacia un nuevo juicio contra uno de los acusados.
La joven, de 21 años, fue abusada sexualmente y asesinada en abril de 2017, cuando regresaba de un boliche en la ciudad entrerriana de Gualeguay. Militante del Movimiento Evita, participaba además de movilizaciones de Ni Una Menos para reclamar por el fin de la violencia machista y los femicidios.
Por el crimen fue condenado a prisión perpetua Sebastián Wagner, quien recibió la pena por “homicidio triplemente calificado por alevosía y criminis causa agravado por el delito de violencia de género”.
En paralelo, Néstor Pavón había sido condenado a cinco años de cárcel por encubrimiento agravado. Sin embargo, la Justicia anuló ese fallo y ordenó un nuevo juicio oral y público, al considerar que podría haber tenido una participación más directa en el crimen.
La defensa de Pavón intentó frenar el nuevo proceso al argumentar que volver a juzgarlo vulneraría el principio de ne bis in idem, que impide que una persona sea juzgada dos veces por el mismo hecho. No obstante, tanto la Procuración General de Entre Ríos como los tribunales intervinientes rechazaron ese planteo al entender que no existe una condena firme sobre su responsabilidad y que el fallo anterior tuvo deficiencias en la valoración de las pruebas.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación había ordenado en 2024 revisar el expediente con perspectiva de género, al advertir inconsistencias en el análisis de elementos clave de la causa. A partir de esa decisión, Pavón deberá enfrentar un nuevo debate oral, esta vez acusado de secuestro, abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado en coautoría.
Con el rechazo a sus recursos, la causa quedó encaminada hacia la conformación definitiva del tribunal que deberá llevar adelante el juicio.
La Ley Micaela, promulgada en enero de 2019, establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los tres poderes del Estado. La norma fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso y cuenta con adhesión en todas las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.
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